Okupan la casa de un hombre de 95 años y acaban obligándole a pagar 17.000 euros por lo que hacen dentro de la casa

Francia registra más de 50.000 denuncias por okupación ilegal en 2025, un 12% más que el año anterior, según datos del Ministerio del Interior francés. Mientras, en España, el fenómeno ha crecido un 40% desde 2018, con 16.426 casos en 2024, según cifras oficiales. Aunque ambos países enfrentan el problema, las diferencias legales son notorias: Francia permite desalojos en 48 horas si se detecta la okupación rápidamente, mientras que en España los procesos judiciales pueden alargarse años.

Pero ni siquiera la agilidad relativa del sistema francés ha evitado que un anciano de 95 años termine pagando 17.364 euros en facturas y reparaciones tras la ocupación ilegal de su vivienda, un caso que ha reabierto el debate sobre la desprotección de los propietarios más vulnerables. El drama comenzó cuando el hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, recibió una notificación del alcalde de su localidad informándole de que su casa había sido ocupada ilegalmente.

Inmediatamente, inició un procedimiento legal para recuperar su propiedad, pero la justicia francesa denegó el desalojo seis meses después al considerar que no se había probado violencia o intimidación en la entrada, a pesar de que uno de los ocupantes admitió haber forzado la puerta del garaje.

 Un pago de más de 17.000 euros  

Finalmente, tras la presión de su abogado, los okupas abandonaron la vivienda por su cuenta. Pero lo que encontró el anciano fue devastador: sanitarios arrancados, paredes destrozadas y, lo más grave, los grifos dejados abiertos durante meses, lo que generó una factura de agua de 17.364 euros. Una cantidad imposible de asumir para alguien que vive con una pensión de jubilación. El hombre intentó reclamar al Ayuntamiento, pero las autoridades le negaron cualquier ayuda, argumentando que el contador estaba a su nombre y que, por ley, no se puede cortar el suministro aunque la vivienda esté ocupada ilegalmente.

La ironía es que la comunidad urbana responsable del agua había prometido asumir los costes en casos de okupación, una promesa que ahora incumplen. El anciano, sin recursos para pagar la deuda, se enfrenta a la amarga perspectiva de volver a los tribunales para evitar una factura que no ha generado. Su caso ha sido recogido por Le Figaro Immobilier y ha desatado una ola de indignación en Francia, donde asociaciones de propietarios exigen reformas legales urgentes para proteger a las víctimas más vulnerables, como ancianos o dueños de segundas residencias.

 Un problema europeo con respuestas distintas  

El caso evidencia que la desprotección de los propietarios no es exclusiva de España. En Francia, aunque la ley permite desalojos exprés si la ocupación se detecta en las primeras 48 horas, los fallos judiciales como el de este anciano muestran grietas en el sistema. Además, las compañías suministradoras no están obligadas a cortar servicios básicos, algo que también ocurre en España, donde los propietarios deben seguir pagando agua y luz aunque su casa esté usurpada.

Sin embargo, hay matices. Mientras Francia endurece sus penas (hasta tres años de prisión y multas de 45.000 euros para okupantes ilegales) España ha implementado una nueva ley antiokupas que agiliza los desalojos a 15 días y permite cortar suministros sin riesgo de coacciones, según una reciente sentencia de la Audiencia de Barcelona. Aun así, ambos sistemas comparten un problema: la lentitud burocrática y los vacíos legales que dejan a víctimas como este anciano francés en una situación de absoluta indefensión.

 El debate sobre la reforma  

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El caso ha reavivado en Francia las críticas a un sistema que, pese a sus herramientas teóricamente ágiles, falla en la práctica. "Es inaceptable que quienes vulneran la ley acaben victimizándose", denunció un portavoz de la Unión de Propietarios de Île-de-France, en referencia a los ocupantes que, tras causar destrozos, logran eludir responsabilidades.

Mientras, en España, aunque la nueva ley antiokupas de 2025 introduce avances, persisten desafíos. Los propietarios aún deben demostrar fraude en los suministros para evitar pagarlos, una carga probatoria casi imposible en muchos casos. La sentencia de Barcelona marca un precedente, pero su aplicación generalizada sigue en duda.

El anciano francés, ahora sumido en una batalla legal que nunca quiso, se ha convertido en un símbolo de un problema que trasciende fronteras: cómo proteger a los legítimos dueños sin sacrificar derechos básicos. Su historia, como tantas otras, plantea una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo seguirán pagando justos por pecadores?