La decisión de Alicante para decir 'hasta aquí' a la okupación: los propietarios tienen derecho a este servicio para luchar contra los okupas

La okupación ilegal sigue siendo un problema latente en la Comunidad Valenciana y en el resto del país. Cabe recordar que la okupación ilegal de viviendas se rige por la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce una "ley antiokupas" que busca agilizar los desalojos. Si la okupación se detecta en las primeras 48 horas, las fuerzas de seguridad pueden intervenir sin orden judicial, facilitando así un desalojo inmediato.  

En este contexto, Alicante, la ciudad situada a 170 kilómetros aproximadamente de la capital de provincia, Valencia, han decidido tomar medidas para proteger a los propietarios y luchar contra la ocupación ilegal.

EL PLAN DE ALICANTE CONTRA LOS OKUPAS

Desde el 26 de noviembre de 2024, Alicante cuenta con una Oficina contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, ubicada en la Jefatura de la Policía Local en Babel, que ofrece asesoramiento integral 24 h los 365 días del año, con atención presencial y telefónica.

La Oficina Municipal se encuentra en contacto permanente con el Cuerpo Nacional de Policía cuando la entrada irregular en una vivienda se produzca de manera reciente, en las 24 horas previas, para llevar a cabo una posible intervención inmediata. Y si los ocupantes llevan varios días en el inmueble, la Oficina orienta al legítimo propietario sobre cómo agilizar o poner en marcha el proceso legal de desocupación. 

Entre sus funciones también se encuentra la elaboración de un registro de consultas y denuncias, además de una base de datos de viviendas ocupadas ilegalmente.  

así trabajan en alicante para ERRADICAR LOS ASENTAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE

Además, también conviene destacar que el Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con la Comunidad Valenciana, han firmado un protocolo de actuaciones ante infracciones graves o muy graves en suelo no urbanizable que refuerza. 

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Con este convenio, lo que se pretende es agilizar la colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat para el desmantelamiento de los asentamientos irregulares en este tipo de suelo, para garantizar el cumplimiento de la legalidad y velar por la seguridad de los alicantinos.

Por último, el Ayuntamiento de Alicante también recuerda que en casos de desobediencia de las órdenes de paralización que se vean agravados posteriormente con la rotura o manipulación de los precintos que se hayan podido colocar se procederá por el Ayuntamiento a la remisión de las pertinentes actas y/o informes a la Fiscalía, dando conocimiento de dicha remisión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio a fin de no duplicar la misma.  

la lucha contra la okupación, extensible en otros lugares de españa

Hay otros municipios de la geografía española en los que se lucha contra la okupación. Como el municipio de Poio (Pontevedra). Allí, se vivió una escena muy particular pero efectiva. Hace escasos meses, se instalaron unos okupas en una vivienda que tenía un valor de 250.000 euros. Cambiaron las cerraduras nada más llegar, impidiendo cualquier tipo de acceso. Al día siguiente, los agentes de la Policía Local de Poio acudieron e identificaron a la mujer desde la ventana.

Se produjeron intentos de mediación. Pero la pareja, en un primer momento, se negó a abandonar la vivienda. Esto hizo que la policía abriese diligencias por okupación ilegal, con la consiguiente notificación al juzgado. La tensión en el municipio iba en ascenso; manteniendo en vilo a todos los vecinos. 

Este caso de okupación ilegal en el municipio de Poio, Pontevedra, se resolvió por la presión vecinal y la del propio alcalde. Cabe destacar que más de 50 vecinos se presentaron en las puertas de la vivienda para que los okupas se marchasen. La presencia del alcalde también fue crucial para llegar a un acuerdo y, finalmente, la pareja aceptó irse de manera voluntaria.

Finalmente, la condición que pusieron para marcharse pilló por sorpresa al alcalde y al resto de vecinos, pero aceptaron. Pidieron que les pagasen un taxi para marcharse sanos y salvos hasta la estación de autobuses de Pontevedra. Descubre aquí más detalles de lo ocurrido.