Desalojo de okupas: los policías municipales de esta comunidad autónoma podrán intervenir sin autorización judicial

El Gobierno de Cantabria ha presentado un anteproyecto de Ley de Vivienda que introduce medidas drásticas para combatir la okupación ilegal, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y dinamizar el mercado inmobiliario. Entre las novedades más destacadas figura la posibilidad de que la Policía Local realice desalojos inmediatos en casos de okupación flagrante, así como la exclusión de los okupas de cualquier ayuda pública de vivienda durante cinco años. No obstante, se mantendrán medidas de asistencia social para situaciones de vulnerabilidad real.

Nuevas medidas contra okupas en Cantabria

El texto, que se someterá a información pública hasta el 30 de junio, prevé la creación "inmediata" de una Oficina de Apoyo a Víctimas de Okupación e Inquiokupación, que ofrecerá asesoramiento jurídico y un canal de comunicación específico para afectados. Además, los ayuntamientos estarán obligados a elaborar censos actualizados de viviendas en riesgo de okupación y a coordinar medidas preventivas con la administración autonómica.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha subrayado que la norma "defiende a los propietarios por encima de los okupas", en clara contraposición a la ley estatal, que, a su juicio, "ha generado inseguridad jurídica y reducido un 37,2% la oferta de alquiler en la región". Criticó además el anteproyecto del anterior gobierno (PRC-PSOE), que incluía asistencia jurídica para okupas: "Nosotros identificamos a las víctimas: son los dueños legítimos", afirmó.

 Incentivos para vivienda vacía  

Para paliar la escasez de viviendas en alquiler —Cantabria tiene más de 50.000 inmuebles vacíos, según Media—, la ley propone ayudas para cubrir cuotas de comunidad e IBI a quienes saquen sus propiedades al mercado. El precio del alquiler se fijará según los valores de mercado y no por el índice de referencia estatal, considerado "obsoleto" por el Ejecutivo regional.

En paralelo, se establecen multas de hasta 90.000 euros para quienes destinen viviendas protegidas a uso turístico, una práctica que distorsiona el acceso a la vivienda asequible.

 Nuevas fórmulas de acceso

La norma impulsa modelos innovadores como el coliving y el cohousing, y recupera las viviendas a precio tasado, dirigidas a familias cuyos ingresos superan los límites para optar a protección oficial pero no pueden acceder al mercado libre. Asimismo, se crea la figura de Vivienda Rural Protegida, con incentivos fiscales y cesión de suelo para atraer a profesionales esenciales (médicos, docentes) a zonas despobladas.

El Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo centralizará la oferta protegida y el inventario de terrenos disponibles, mientras que el Parque Público de Vivienda integrará inmuebles públicos y privados, con criterios de adjudicación basados en ingresos y situación social.

 Críticas a la ley estatal

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Media tachó la normativa nacional de "desacertada" y exigió su modificación para "recuperar el sentido común". "El Gobierno de Sánchez favorece la okupación y ahuyenta a los pequeños propietarios", aseguró, defendiendo que su anteproyecto es "moderno, eficaz y prioritario" para la legislatura.

Tras el periodo de alegaciones, el texto pasará por los trámites administrativos y parlamentarios, donde el PP buscará acuerdos al carecer de mayoría absoluta. "Confío en que salga adelante con el mayor consenso posible", declaró el consejero, quien espera su aprobación antes de final de año.

Además, la ley también mejora las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética en viviendas protegidas, introduce inspecciones sin previo aviso para garantizar el cumplimiento normativo y elimina trámites burocráticos como la cédula de habitabilidad. Con estas medidas, Cantabria aspira a equilibrar la protección de la propiedad privada con el derecho constitucional a una vivienda digna, en un contexto marcado por la escalada de precios y la despoblación rural.