Los vecinos de un pueblo de Asturias dan con la solución para echar a un okupa, que acaba pidiendo ayuda a la Guardia Civil

La okupación ilegal sigue siendo un problema endémico en España, con 15.289 denuncias registradas en 2023 según el Ministerio del Interior. Pero en el pequeño pueblo de Cancienes, perteneciente al concejo de Corvera, los vecinos han escrito su propio capítulo en esta lucha. Hartos de meses de amenazas, incendios y una sensación constante de inseguridad, decidieron actuar donde las autoridades, según ellos, habían fallado: tapiaron la vivienda ocupada con el intruso aún dentro, forzándolo a pedir ayuda a la Guardia Civil para salir.

 Un okupa "violento" en Asturias  

La casa, en riesgo de derrumbe y abandonada hace años, había sido ocupada por un hombre que accedía a través de una ventana en la planta baja. Según relatan los vecinos a medios como La Nueva España y ABC, el problema no era solo la ocupación ilegal, sino el comportamiento del intruso: amenazó de muerte a una vecina, provocó un incendio que puso en peligro a varias familias y generó constantes altercados que requerían la intervención policial. "Cada poco venía la Policía o la Guardia Civil, pero decían que no podían hacer nada", explica una residente al programa El programa de Ana Rosa.

La gota que colmó el vaso fue cuando el okupa lanzó objetos a la carretera y, en otra ocasión, intentó prender fuego a la propiedad. "Estábamos hartos de dormir con miedo", admitió Emilia, una vecina cuya casa compartía pared con la vivienda ocupada.

 La solución drástica de los vecinos  

Ante la falta de respuestas institucionales, los residentes optaron por una medida extrema: tapiar la ventana que servía de acceso al okupa. Aunque algunos aseguran que lo hicieron cuando el hombre estaba fuera, otros testimonios indican que quedó atrapado dentro y tuvo que llamar al 062 para pedir auxilio. Los bomberos tuvieron que intervenir para destapar la ventana, permitiéndole salir con sus pertenencias en bolsas de basura antes de marcharse hacia Avilés.

La acción no estuvo exenta de polémica. Mientras algunos aplauden la iniciativa como un acto de legítima defensa vecinal, otros cuestionan su legalidad. La Policía Nacional, de hecho, advierte en sus manuales que los propietarios no deben impedir el acceso a los ocupantes una vez que la okupación se ha consumado, ya que podría constituir un delito.

 El vacío legal y la frustración ciudadana  

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El caso de Cancienes refleja un malestar creciente con un sistema judicial que tarda una media de 23,2 meses en resolver los desalojos, según datos de 2023. Asturias, pese a ser una de las comunidades con plazos más cortos (inferiores a la media nacional), no escapó a la frustración de estos vecinos. "¿Por qué tenemos que ser nosotros quienes lo cerremos? ¿No van a hacer nada hasta que pase una desgracia?", se queja un residente.

Curiosamente, la casa ya tiene un nuevo ocupante, pero los vecinos no se oponen: "No es conflictivo, no tiene dónde ir y su familia vive cerca", explican. Esta tolerancia selectiva subraya que el rechazo no es hacia la okupación per se, sino hacia quienes alteran la convivencia.

 Claves para prevenir la okupación  

En cualquier caso, expertos y autoridades insisten en medidas preventivas, como reforzar la seguridad con puertas antibumping, rejas en ventanas y cámaras de vigilancia. Además, recomiendan evitar señales de abandono: recoger el correo, encender luces periódicamente y no publicar vacaciones en redes sociales. Y, por último, los expertos invitan a denunciar inmediatamente a la Policía, que puede actuar dentro de las primeras 48 horas sin orden judicial.