La investidura no es un derecho

En conversación telefónica, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el candidato aspirante a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez han fijado la fecha para el debate y la votación de investidura para el 23 de julio. Cuando se celebre la sesión habrán pasado casi tres meses de las elecciones generales. Es una anomalía que el plazo se haya prolongado tanto.

Y a la anomalía de los plazos se suma la actitud del candidato. La lógica institucional es que quien quiere ser presidente del Gobierno en un sistema parlamentario como el nuestro, que requiere de una mayoría de apoyos en el Congreso, tome la iniciativa para conseguir el suficiente respaldo. Hay que recordar algo elemental: no estamos en un sistema presidencial.

El líder de la fuerza más votada tiene una cierta preferencia para estar al frente del Ejecutivo, pero nada más. Son los diputados los que deciden. Y hasta el momento Sánchez no ha tomado iniciativa alguna. Ha celebrado algunas reuniones pero no ha puesto encima de la mesa una oferta a quien podría darle sus apoyos. Sánchez confunden la dinámica de la moción de censura con la de la investidura y exige respaldos sin concertar voluntades con un programa para los próximos cuatro años. Se limita a reclamar abstenciones o votos a favor sin trabajar, concretar, proponer un plan de trabajo, unos objetivos.

Sánchez parece afectado por un vicio de origen: considerar un derecho subjetivo del más votado la llegada a Moncloa, derecho que le consiente culpar a los demás. A ese vicio, lo veremos con el tiempo, se une un posible cálculo táctico que ve beneficio partidista en la repetición de elecciones. Y esto es lo más grave: no tener una voluntad firme de evitar unos nuevos comicios, a pesar del desgate que suponen, porque pueden ser rentables para los intereses particulares.