El fraude electoral es un delito y una grave afrenta al sistema democrático. Por eso es tan importante que existan mecanismos de control y fiscalización electoral que permitan detector anomalías que después serán investigadas y juzgadas. El fraude electoral, o la mera sospecha, genera en la ciudadanía una reacción inmediata de inseguridad y descrédito.

Todo comenzó en Melilla cuando hace unos días se supo que Coalición por Melilla era parte implicada en una trama de compra de votos al precio de 150 euros cada uno. El aumento desmesurado de solicitudes de voto por correo hizo saltar todas las alarmas. A día de hoy el número de detenidos asciende a 11. En Mojácar ha sucedido algo similar. Dos candidatos socialistas compraban votos por entre 100 y 200 euros, al tiempo que ofrecían comisiones de 50 euros a quienes les aportaran nombres de personas dispuestas a vender su voto. También en este caso se han practicado numerosas detenciones después de un mes de investigación.

Pese a los peores agoreros, estamos ante conductas imputables a los culpables, sin que pueda hablarse de un sistema electoral corrupto. Lo que no excluye, y esto debe investigarse y sancionarse, que haya habido connivencias que han permitido el intento de fraude en el voto por correo, sumado a la desidia o mala praxis de quienes incumplen los protocolos y los códigos de conducta. Lo determinante es que los mecanismos de control, investigación y sanción funcionen, que se persiga la impunidad y que todas las fuerzas democráticas vigilen su funcionamento interno y rindan cuentas cuando uno de los suyos incumple las normas y comete un delito.