AUTONOMÍAS CONFLICTIVIDAD
El Gobierno y seis comunidades alcanzan acuerdos para evitar conflictos de competencias
El Ministerio de Política Territorial alcanzó en noviembre siete acuerdos con seis comunidades -Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, Madrid y Baleares (2)- acerca de leyes sobre las que existían discrepancias competenciales que podrían haber acabado en un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
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El Ministerio de Política Territorial alcanzó en noviembre siete acuerdos con seis comunidades -Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, Madrid y Baleares (2)- acerca de leyes sobre las que existían discrepancias competenciales que podrían haber acabado en un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Como ha informado el Ministerio de Política Territorial, las discrepancias resueltas con Baleares fueron por las leyes de Menorca Reserva de Biosfera y de sociedades cooperativas de las Illes y con Madrid por la Ley de Cooperativas.
En el caso de Aragón fue por la Ley de medidas para la implantación y desarrollo de tecnologías en la nube (tecnologías cloud) y en el de Canarias por el Decreto-ley por el que se aprobaron las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio y la de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales.
Con la Junta de Castilla-La Mancha se alcanzó un acuerdo sobre el Decreto Legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y con la Generalitat Valenciana sobre la Ley integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat.
Estos acuerdos de noviembre, como en meses anteriores, se alcanzaron abriendo un proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en las comisiones bilaterales de cooperación.
Desde el inicio de la actual legislatura se han alcanzado un total de 16 acuerdos finales totales con las comunidades autónomas que evitan recursos de inconstitucionalidad.



