Dos años desde la aprobación de la Declaración Unilateral de Indepedencia en el Parlament: ¿Mereció la pena?

730 días después, Cataluña está más dividida que nunca y al borde de la suspensión de la autonomía

Dos años desde la aprobación de la Declaración Unilateral de Indepedencia en el Parlament: ¿Mereció la pena?

 

José Melero Campos
@ImparablesCope

Redactor y presentador del programa "Imparables Cope".

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 27 oct 2019

Han pasado solo dos años, pero a algunos se les habrá hecho una eternidad. Hace justo 730 días el Parlament de Cataluña aprobaba la declaración unilateral de independencia en ausencia de las fuerzas constitucionalistas (CiudadanosPSC y PP).

Desde entonces en Cataluña ha habido de todo menos aburrimiento. La fuga de su presidente Puigdemont y algunos miembros de su gobierno de la justicia española, la aplicación del artículo 155 o un juicio con sentencia firme del Tribunal Supremo por los hechos ocurridos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Eso en lo que respecta a este territorio. En lo nacional ha dado tiempo para cambiar de presidente del Gobierno (moción de censura mediante) y el Real Madrid se coronaba una y otra vez como rey de Europa (quién te ha visto y quién te ve).

Aquella jornada del 27 de octubre, mientras el Parlament declaraba la república catalana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destituía a Carles Puigdemont como president de la Generalitat y convocaba elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre de aquel año. Pero no solo eso, el Senado también daba luz verde al artículo 155, lo que implicaba la suspensión de la autonomía.

Su aplicación incomodaba al Ejecutivo del PP, al igual que actualmente a Pedro Sánchez, que no ha querido ni oír hablar de esta posibilidad. Pero hace dos años se daban las circunstancias. Y es que a comienzos de septiembre de 2017, la Generalitat aceleró los trámites para celebrar el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Ante la firmeza de Puigdemont y su gobierno por saltarse la ley, el Estado se vio obligado a intervenir las finanzas del Ejecutivo catalán, además de proceder a la incautación cualquier tipo de material para evitar que se abrieran las urnas en la comunidad autónoma. Unas medidas que no fueron suficiente, ya que finalmente se procedería a su celebración, con episodios de violencia.

Como no podía ser de otra manera, fueron mayoría los que votaron por la opción separatista, motivo por el que el Govern declaró en un primer momento la independencia el 10 de octubre, aunque tan solo unos segundos después optó por declararla en suspenso. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Rajoy puso sobre la mesa la aplicación del artículo 155. Solo quedaba por concretar cómo se llevaría a efecto, y a poder ser con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que finalmente se sumaron.

Con la puesta en marcha de este artículo contemplado en la Constitución, Rajoy ya pudo cesar al Govern y convocar elecciones en Cataluña, como hizo el 27 de octubre de 2017. Como consecuencia de su aplicación y tras destituido como president de la Generalitat, Carle Puigdemont decidió fugarse de España el 30 de octubre con destino a Bélgica, donde fijó temporalmente su vivienda, en Waterloo. Varios días más tarde, compareció ante la Justicia belga, que le dejó en libertad con cargos, junto a los otros exconsellers huidos, con la única condición de no salir de Bélgica.

Pese a su situación Puigdemont encabezó la lista electoral de JxCat en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las que el bloque independentista volvió a sumar mayoría absoluta pese a la victoria de Ciudadanos. Tras los comicios, Puigdemont trató desde Bélgica recuperar su condición de president aunque sin éxito. Finalmente el candidato fue el actual president, Quim Torra, que no logró formar una mayoría estable hasta el 14 de mayo de 2018.

En medio de todo este embrollo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ingresó en prisión junto a siete de los exconsellers, los ‘Jordis’ y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell,  después de que la magistrada Carmen Lamela les atribuyera los delitos de rebelión, sedición o malversación.

Por otro lado, Puigdemont fue detenido por la policía alemana casi en la frontera con Dinamarca, en una operación conjunta con los servicios de inteligencia españoles, cuando volvía de impartir unas conferencias en Finlandia. No obstante, tras cuatro meses en el país teutón, volvió a Bruselas después de que el Tribunal Supremo retirara las euroórdenes una vez que la justicia alemana avalara la extradición del expresident de la Generalitat sólo por malversación y no por rebelión.

De esta manera, tanto Puigdemont como Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel no fueron juzgados durante el juicio del ‘procés’ que comenzó el pasado mes de febrero, al huir de la justicia y encontrarse fuera de territorio español.

Si fueron juzgados en el Tribunal Supremo los políticos presos en los meses posteriores al 1 de octubre de 2017, y cuya sentencia se dio a conocer hace casi dos semanas, el pasado 14 de octubre. Una de las más relevantes de la historia de España, y en la que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sido condenado a trece años de cárcel;  doce años para Romeva, Bassa y Turull; 11 y medio para Forcadell, 10 y medio para Forn y Rull y 9 para los Jordis.

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Una sentencia que ha dejado multitud de manifestaciones en el territorio, que ha dejado cientos de herido, algunos de ellos de gravedad. En definitiva, 730 días donde la confrontación y la división de un territorio habitado por más de siete millones de personas han marcado la agenda de Cataluña, provocando el sufrimiento de muchas familias. ¿De verdad ha merecido la pena?

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