Cambios en los alquileres con la Ley de Vivienda: si el propietario no renueva el contrato al inquilino, podría quedarse

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana afirma que "esta normativa garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas de alquiler"

Yolanda Díaz (derecha), ministra española de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta del Gobierno de España, también fundadora del partido político Sumar, habla con Isabel Rodríguez (centro), ministra española de Vivienda y Agenda Urbana, y Elma Saiz (izquierda), ministra española de Inclusión.

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Yolanda Díaz (derecha), ministra española de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta del Gobierno de España, también fundadora del partido político Sumar, habla con Isabel Rodríguez (centro), ministra española de Vivienda y Agenda Urbana, y Elma Saiz (izquierda), ministra española de Inclusión.

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

La crisis de vivienda en España continúa agravándose y el Gobierno ha decidido endurecer las normas del mercado del alquiler con una nueva reforma que marca un antes y un después. La última modificación de la Ley de Vivienda, en vigor desde 2023, introduce un cambio clave: los contratos de alquiler se prorrogarán de forma automática, incluso si el propietario no desea renovarlo, siempre que el arrendatario cumpla con sus obligaciones contractuales.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha defendido esta medida asegurando que "esta normativa garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas de alquiler". El objetivo principal es dar mayor seguridad a los inquilinos en un contexto de precios disparados y oferta limitada. Sin embargo, esta medida ha abierto un fuerte debate entre propietarios e inquilinos.

Más estabilidad para el inquilino

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares en España vivía de alquiler, una cifra que marca un máximo histórico y que representa un crecimiento notable respecto al 18,7% del año anterior. El problema se agrava en regiones como Baleares (30,9%), Cataluña (27,9%) y Madrid (27,1%), donde el alquiler se ha convertido en la opción más común pero también más cara. A esto se suma el impacto del alquiler turístico, que reduce la disponibilidad de viviendas residenciales y dispara los precios.

foto alquiler

Vivienda en alquiler

En este contexto, la nueva ley de alquileres refuerza el derecho del arrendatario a permanecer en la vivienda. Según el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos firmados desde el 6 de marzo de 2019 se prorrogarán automáticamente: hasta 5 años si el arrendador es una persona física y hasta 7 años si se trata de una persona jurídica. Esto significa que, aunque el propietario no quiera renovar el contrato al vencer, el inquilino podrá seguir residiendo en la vivienda hasta completar ese periodo, siempre que esté al día en sus pagos y cumpla lo pactado.

Propietarios en pie de guerra 

Mientras el Gobierno y las asociaciones de inquilinos aplauden la reforma, las reacciones del otro lado del mercado no se han hecho esperar. Numerosos propietarios ven en esta prórroga forzosa una limitación a su derecho a decidir sobre su propia vivienda. Alegan que no podrán disponer libremente del inmueble, venderlo o actualizar la renta según el mercado durante el periodo de prórroga.

Desde asociaciones de propietarios como ASVAL ya han advertido que estas restricciones podrían tener el efecto contrario al buscado: incentivar el aumento de alquileres temporales o turísticos, y reducir aún más la oferta de alquiler residencial estable. También temen que muchos propietarios decidan retirar sus pisos del mercado del alquiler o que impongan condiciones más estrictas desde el inicio para protegerse ante la imposibilidad de recuperar su vivienda cuando lo necesiten.

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Vivienda en alquiler

El debate está abierto. Mientras unos defienden el derecho a la vivienda como bien prioritario, otros recuerdan que se trata de una propiedad privada. Lo cierto es que el conflicto entre estabilidad para el inquilino y libertad para el propietario seguirá marcando la agenda de la política de vivienda en los próximos años.

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