43 años se cumplen desde el referéndum en el que los españoles dijeron sí a la Constitución de 1978 con una abrumadora mayoría que rondó el 90% de aprobación. Nadie puede negar que han sido 43 años de absoluta prosperidad en lo económico y en lo social. Tendrá sus claros y sus sombras, pero esta España que hoy vivimos es uno de los países más modernos y avanzados del mundo.
Hay un dicho que viene a decir “si funciona, no lo toques” y la Constitución española ha funcionado. Que podría ser mejor, seguramente, por eso se puede reformar. Pero no para adaptarla a los deseos de una minoría sino para que siga siendo el instrumento de convivencia que ha sido y que es actualmente. La Constitución tiene en sí propios mecanismos de reforma y precisamente por esa necesidad de consenso y para evitar caprichos, una reforma constitucional necesita de la aprobación de 3/5 del Congreso y del Senado. No es una cosa sencilla, mucha gente tiene que ponerse de acuerdo.
El otro mecanismo de defensa de los contenidos de la Carta Magna es el Tribunal Constitucional (TC). Jerárquicamente, el tribunal más alto de España. Aquí sí que hemos tenido una intensa actividad en estos 43 años, ya que en muchas ocasiones ha tenido que reconducir acciones políticas de todo tipo que se salían de los márgenes constitucionales o bien invadían competencias. Ha pasado con todos los gobiernos y a todas las escalas, nacional, regional o local.
Como más sonados, tenemos por ejemplo la declaración de ilegalidad del referéndum del 1 de octubre en Cataluña o sin salir de esa comunidad, los cambios a los que el TC obligó en el Estatut, pero este ejecutivo de coalición de Podemos y PSOE se está llevando la palma en cuanto a tirones de oreja constitucionales.
A Pedro Sánchez le han tumbado los dos Estados de Alarma que decretó su gobierno para la gestión de la pandemia. Y eso no es cualquier cosa, ya que ambos han sido momentos críticos en los que se han visto comprometidos derechos fundamentales como la libre circulación o el derecho de reunión.
El primero, el de marzo de 2020, fue declarado inconstitucional porque no se ajustaba al marco legal. La sentencia explicaba que lo adecuado hubiera sido decretar un Estado de Excepción porque consideraba el Tribunal que
no se limitaron libertades fundamentales sino que se suspendieron.
Después, el Gobierno recibió otro varapalo. El Constitucional también tumbó el segundo Estado de Alarma, que arrancó el 25 de octubre de 2020 y que se alargó durante seis meses. En la práctica, el Alto Tribunal critica en el fallo que el presidente prescindiera del necesario control del Congreso al Gobierno.
En esta cuenta de borrones constitucionales de este gobierno, podríamos añadir otros asuntos, por ejemplo que la suspensión de actividad de la mesa del Congreso durante el confinamiento también fue declarada inconstitucional o por ejemplo el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de Radio Televisión Española, que corrió la misma suerte.

A pesar de los varapalos o gracias a ellos (según se mire), el presidente Pedro Sánchez ha reivindicado la vigencia del espíritu constitucional. Insistía en la lealtad a la constitución la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, palabras que comparte una mayoría.

Ahora solo falta que la capacidad de llegar a acuerdos de la que habla Batet vaya más allá de los socios del Gobierno... ERC, Bildu o el PNV. Una pena que estos socios no hayan escuchado las palabras de Batet porque ni siquiera han estado presentes en el acto de la Constitución.