Alberto Torres, abogado inmobiliario: "Si compras una habitación, realmente estás adquiriendo un porcentaje de la casa. Puedes llegar a un acuerdo, pero eso no se inscribe en el registro; ese es el problema"

El mercado de la vivienda en España atraviesa una profunda crisis que ha empujado a muchos a buscar alternativas antes impensables. La última tendencia es la compra de habitaciones en pisos compartidos, una opción que, para algunos, es la única puerta de entrada a la propiedad.

Son varias las empresas que ya ofrecen esta modalidad, localizando pisos, reformándolos y gestionando la venta fraccionada. Los precios varían, desde una habitación en Vallecas por 77.400 euros hasta otra en Usera por 95.300 euros, o incluso una por 153.000 euros en Barcelona.

Una 'independencia' compartida

Esta nueva modalidad está ganando terreno. Según datos de una de las empresas especializadas, en 2024 se cerraron más de 80 operaciones que movieron casi 3,5 millones de euros, y para 2025 ya han vendido alrededor de 200 habitaciones. 

El perfil del comprador es variado, como el de Jorge, un joven arquitecto valenciano que, ante la imposibilidad de comprar una casa, optó por esta solución. "Duermes un poco diferente sabiendo que ya has dado el paso de independizarte en una propiedad que es tuya y que no sea un alquiler que ya sabes que tarde o te vas a ir de ahí", explica.

La letra pequeña: los riesgos de ser copropietario

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Pese a su creciente popularidad, los expertos alertan de los complejos problemas legales que entraña este modelo. El abogado experto en derecho inmobiliario,  Alberto Torres, ha pasado por 'La Tarde' de COPE para explicar en qué situación legal queda el comprador y los riesgos que supone este tipo de operaciones. 

El experto detalla que lo que se adquiere no es una habitación, sino "un porcentaje de la vivienda" o cuota parte. Esto crea una situación de indivisión, una comunidad de bienes que, según el letrado, "nunca se recomienda" por ser una fuente constante de problemas, especialmente entre extraños.

El principal inconveniente es que los pactos privados sobre el uso de las habitaciones y zonas comunes "no es inscribible y no va a constar nunca en el registro", por lo que no protege frente a terceros. 

Además, los propietarios ven limitados sus derechos, ya que para cualquier actuación relevante sobre la vivienda, como una reforma o la venta total, se necesita el acuerdo por unanimidad de todos los copropietarios. De no lograrse, la única salida sería un procedimiento judicial para la venta en pública subasta.

¿Una nueva burbuja especulativa?

Más allá de los riesgos jurídicos, varias asociaciones de vivienda han alertado de que este modelo podría fomentar la especulación. Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, lo califica como "una herramienta de especulación más que se ha inventado el rentismo para seguir ampliando su negocio". 

Según de los Santos, la estrategia es clara: "La alternativa que han encontrado es trocear ese piso por habitaciones y cobrarnos por una habitación lo que antes valía un piso".

El debate pone de manifiesto la gravedad del problema del acceso a la vivienda, donde solo un 30% de las viviendas en España cuestan menos de 150.000 euros, según el portal pisos.com. 

La compra de habitaciones se presenta como una muestra de ingenio ante la adversidad, pero también evidencia hasta qué punto se ha normalizado la precariedad y rebajado las expectativas, mientras una solución estructural al problema de la vivienda sigue sin llegar.