

"Hemos normalizado no tener presupuestos y eso impide pensar en un proyecto de país"
Escucha el monólogo de Israel Remuiñán de este lunes 25 de agosto
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Bienvenido a La Tarde de COPE. Soy Israel Remuiñán y te voy a acompañar hasta las 19:00H.
El Gobierno tiene más de 30 leyes pendientes para debatir en el Congreso a partir de septiembre. En concreto, son 33 proyectos de ley que hay que discutir y para los que será necesario negociar apoyos con el fin de lograr su aprobación.
En esta treintena de leyes que pretenden aprobar hay algunas bastante importantes: la ley de reducción de la jornada laboral, por la que se pasaría de 40 horas semanales a 37 horas y media; la ley para controlar la acción de los lobbies, es decir, la relación de los grupos de interés con la Administración Pública; y también otra ley vinculada a la vivienda que pretende proteger a todos los que tienen una hipoteca.
En total, como te digo, son 33 proyectos de ley que se debaten en septiembre y que el Gobierno pretende sacar adelante. Pero que lo pretenda no significa que lo consiga. De hecho, en lo que va de legislatura, en estos dos años, las leyes aprobadas y publicadas en el BOE han sido 42. Lo anunciaba el PSOE antes de irse de vacaciones, sacando bastante pecho y diciendo que esta legislatura funciona. Y la verdad es que 42 te pueden parecer muchas, pero no lo son, sobre todo teniendo en cuenta que en la legislatura anterior fueron 215.
Fíjate que, hasta este mes de mayo, el Gobierno ya había perdido más de 140 votaciones en el Congreso. Como cuando intentaron aprobar la ley que prohibía la prostitución y perdieron esa votación. O cuando el Congreso aprobó una toma en consideración de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el antiguo territorio español. En ese caso, el PSOE se quedó completamente solo, siguiendo con su cambio de postura en cuanto al Sáhara. Ya lo recuerdas, cuando en 2022 Sánchez decidió cambiar de opinión y apoyar el plan de Marruecos. El último gran batacazo fue la derrota al intentar sacar adelante las medidas antiapagones, algo que sucedió antes de irse de vacaciones.
Estas son las derrotas en votaciones que se han producido, pero no solo hay que contar las derrotas. Durante este curso político, el Gobierno ha retirado 32 leyes del calendario parlamentario para no perder, para no enfrentarse a una votación en la que no tiene mayoría.
Como te digo, el horizonte suena bien: el Gobierno pretende debatir 33 leyes en el Congreso en septiembre, a partir de la próxima semana. Pero la realidad es otra. Estas leyes se anuncian muchas veces a bombo y platillo, como suele hacerse, pero si te fijas bien, si lees la letra pequeña, observas que de lo que se anuncia solo sale adelante una pequeña parte. Porque el acuerdo de Sánchez para llegar a Moncloa en 2023, después de perder las elecciones, fue eso: un acuerdo para llegar a Moncloa, un acuerdo de investidura, no de legislatura.
Y la votación más importante de todas, que aún no ha podido aprobar, es la de los Presupuestos Generales del Estado. Tenemos prorrogados los de 2023, que se aprobaron en 2022. Nos hemos acostumbrado, hemos normalizado no tener presupuestos. Pero cuando hablas con los técnicos de los ministerios y de las administraciones, te cuentan lo que significa esto: la imposibilidad de pensar a largo plazo, de tener un proyecto de país concreto, de hacer inversiones, de funcionar con previsión, por ejemplo, para luchar contra una emergencia.
Es un deber constitucional aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y va a ser la primera legislatura de la historia sin aprobarlos. No lo digo yo, es que los socios tampoco lo ven claro. Podemos habla de legislatura muerta. Y Puigdemont habla de que veremos cosas que no habíamos visto hasta ahora, cosas que no creeríamos, como si fuese la escena de Blade Runner. Veremos a lo que se refiere.
Solo te digo que hemos hablado de la dificultad para sacar leyes adelante del Gobierno, pero es que, aunque las aprueben, si no hay presupuestos, es como si no existiesen. Como la ley ELA, que se aprobó por unanimidad y cuyos enfermos aún no han recibido ni un euro, ni una sola ayuda. Siguen pagándose de su bolsillo los más de 60.000 euros que vale mantenerse con vida en la fase final.
Esto no es demagogia, es por comprender la complejidad de gobernar en minoría, de alcanzar acuerdos con el único fin de sobrevivir, de no salir de la Moncloa.