La recta final del año viene marcada por las prisas del Gobierno para sacar adelante las leyes más polémicas, bien fruto de sus cesiones a los separatistas, bien aquellas impulsadas desde Podemos. Ahí están la Ley Trans, la del aborto o la del maltrato y el bienestar animal.

Es una especie de sprint final con el que confían en que, ya en 2023 el personal le de al reset, reinicie su disco duro y olvide, por ejemplo, que ha sido derogado el delito de sedición para que los independentistas lo tengan más fácil cuando quieran reeditar el 1 de octubre de 2017, o que olviden que decenas de delincuentes sexuales han visto reducida su condena gracias a la ley del solo sí es sí.

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¿Por qué tantas prisas? A nadie se le escapa que en cinco meses hay elecciones autonómicas y municipales y que en menos de un año se celebran las generales. De ahí la carrera contrarreloj para tramitar antes de fin de año esas leyes con mayor coste electoral. El objetivo es empezar el año vendiendo solo aquellas medidas con las que pretenden remontar en las encuestas. Y uno de los salvavidas al que se agarra el Gobierno es la subida de las pensiones.

Primero los datos: En España hay más de 9 millones de pensionistas, repartidos casi a partes iguales entre hombres y mujeres. Aquí está la razón por la que la subida del 8,5 por ciento para el próximo año sea general. Esa media del 8,5% está muy por encima de lo que han subido los sueldos, lo que lleva a una reflexión a Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

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"Estamos en una situación muy complicada, el país en su conjunto es más pobre y no podemos eximir a todos los pensionistas, porque nos obliga a pedir sacrificios más altos a otros, especialmente a los jóvenes" decía.

Por primera vez en la historia, habrá pensiones máximas por encima de los 3.000 euros al mes. Y aquí surge una pregunta.

¿Es sostenible el sistema?

Aquí basta una simple comparación para comprobar que cada vez hay más pensionistas y que el gasto en pensiones no para de crecer. En noviembre, el gasto en pensiones en España rozó los 10.100 millones de euros. Esto es un 6% más que en el mismo mes del año pasado. Lógicamente, las pensiones que se suman la mayor parte son las de jubilación, por encima de las de viudedad o las de incapacidad permanente.

¿Por qué sube el gasto global? Primero porque sube el número de pensionistas. A día de hoy hay 50.000 más que al cierre del pasado año. Y segundo porque sube también la cuantía de la prestación. De media, ahora mismo la pensión de jubliación se sitúa en 1.258 euros, que son 60 euros más que hace un año. Esto tiene que ver con que cada vez hay pensiones más altas.

Si nos fijamos en una comunidad autónoma como Asturias ahora mismo hay ya más pensionistas que personas que logran trabajar todo el año.

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Es la prueba evidente de un mercado laboral cada vez más envejecido. Y los datos de Asturias no son excepción. Se acercan también a esa realidad en Galicia, Castilla y León y Cantabria. Y en este escenario, que será general en un futuro, hay que equilibrar lo que se paga de pensiones con la media de lo sueldos.

Lo apunta el economista Ángel de la Fuente. "Hay dos y pico trabajadores pagando cada pensión y en los próximos 20 años se va a reducir mucho, a uno y medio, lo que hará cada vez más difícil pagar las pensiones"

Esta es la situación y las perspectivas de cara al futuro de las pensiones. Urgen reformas de calado porque la sostenibilidad del sistema, que es un clásico, se tambalea. De momento, la solución a corto plazo pasa por subir de forma general las pensiones para hacer frente a la disparada inflación. Y eso no solo beneficia a los que menos ganan. También a los que más, lo que por primera vez va a dejar pensiones por encima de los 3.000 euros al mes.