Solo 1 de cada 100 casos de transexualidad en niños y adolescentes se confirma en la edad adulta, según explican a COPE desde la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA). Para juristas y expertos en ética médica, la ley Trans, que actualmente tramita el parlamento, colisiona tanto con la Ley de Protección del Menor como con la Ley de Autonomía del Paciente. Al igual que desde las organizaciones de infancia, abogan por modificar la ley para que hasta los 18 años sea obligatorio el acompañamiento psicológico en todo el proceso.

“La transexualidad no es patológica, pero resulta que transexualidad de verdad es 1 de cada 100 casos que se nos presentan ahora, el 99 por ciento restante están tapando un riesgo de base. De equiparar estas dos realidades, el riesgo que corremos es empujar a adolescentes confusos hacia una hormonación que puede ser irreversible y que incluye muchos peligros” explica en COPE Félix Notario, presidente de SEMA, y al frente de una unidad de pediatría y adolescencia en un hospital de Albacete.

Asegura que lo que crece exponencialmente son los casos de chicas que aseguran ser o querer ser chicos: “históricamente la incidencia de la transexualidad es de 1 niño por cada 10.000 y de 0,3 niñas por cada 10.000, pero ahora, especialmente en niñas y chicas, las cifras en países como Reino Unido con registros se ha multiplicado por lo menos por 15 y esto también está pasando en nuestro país”.

A juicio de Notario que, “la ley intenta apartar a la familia y también a los profesionales sanitarios de cualquier tipo de ayuda, decisión o valoración del caso a pesar de que en 6 meses los efectos de algunos tratamientos hormonales ya pueden ser irreversibles”.

Piden diferenciar incongruencia de género de lo que no lo es

Consideran problemático que el punto de partida de la Ley Trans, su piedra angular, sea la autoafirmación de género y consideran que en el interés superior del menor está diferenciar entre quienes indiscutiblemente son trans de quienes pueden tener lo que denominan una “disforia de género de origen rápido” que se da, sobre todo, en adolescentes que de la noche a la mañana sin experimentar antes ningún tipo de incongruencia de género afirman ser trans porque, según consideran los médicos y psiquiatras especializados en infancia y adolescencia consultados por COPE, son situaciones que pueden esconder otro tipo de malestar o incluso patologías que no va a desaparecer con cambiando de género en el Registro Civil o con medicación para favorecer la transición de uno a otro sexo.

Es algo que ha vivido en primera persona Adela López, de 45 años y con una niña de 13 años con problemas de encaje social por alta capacidad desde la infancia y dudas sobre su orientación sexual: “cuando mi hija nos dice que es un chico llevaban ya un mes o más en el instituto hablándole en masculino todos sus compañeros y parte de sus profesores sin que nadie nos avisara a nosotros, nadie nos llamó”.

Adela optó por llevar su hija al psicólogo y, según explica en COPE, “en muy pocos meses de tratamiento mi hija descubre que no es trans, que su problema es otro y de que no iba por ahí la cosa. Y es que es así como sucede en muchos casos la transexualidad se diluye, de pronto deja de importarles deja de ser real para ellos, en el caso de mi hija también fue así. Un buen día me pidió que le comprara un vestido y se lo compré, sigue sin saber si le gustan más los chicos o las chicas, pero ha descartado ser un chico”.

A juicio de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, la Ley Trans “pone en riesgo el derecho fundamental de los niños a una atención médica integral que debe incluir una valoración física de salud mental del niño y su entorno ante malestares emocionales. Tomar en consideración la perspectiva, el conocimiento y la experiencia que pueden aportar los médicos y psiquiatras de la infancia y adolescencia es esencial y no hacerlo una grave negligencia institucional en el cuidado de los niños”.

Piden no repetir los errores cometidos por países como Finlandia o Reino Unido, que están dando ahora marcha atrás a modelos asistenciales invasivos y rápidos para niños autoidentificados como trans y están transitando hacia enfoques más evaluativos, psicológicos y reflexivos.

Espera vigilante o espera atenta frente a autoafirmación, medicación y cirugía

Tampoco Marta Albert, titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la Junta directiva de AEBI, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, considera que la Ley resuelva los problemas de los menores trans y pide reformularla porque “ la evidencia científica, ha demostrado que pretendiendo evitarles unos riesgos se les puede exponer a otros incluso peores”.

Considera que los menores tienen derecho a la mejor atención sanitaria posible y a una asistencia integral. Asegura Albert que la mejor evidencia científica disponible en este momento apunta a que los riesgos de los tratamientos invasivos en niños y adolescentes superan los beneficios y que, por ello, son cada vez más los países que están apostando por “la espera vigilante o la espera atenta” que consiste en brindar apoyo psicosocial a los menores de forma a acompañarlos en su malestar sin precipitar decisiones que pueden ser irreversibles.

Un acompañamiento que se plantea si prohibirá la ley por considerarlo un tratamiento aversivo y que, en su opinión, sería imprudente que el legislador no tenga en cuenta el cambio de enfoque de países como Reino Unido o Finlandia a la luz del altísimo número de de transiciones que se registran y de la disforia de origen rápido: “la autoafirmación de género ha sido superada en la práctica por el enfoque clínico que demuestra que es mejor dar atención psicológica y social”.

Colisiona con otras leyes: protección del menor y autonomía del paciente

Según explica en COPE Fernando Abellán, abogado especialista en derecho sanitario, “la Ley Trans va a tensionar mucho toda la normativa de protección al menor”.

A su juicio, colisiona directamente con la Ley de Protección del Menor y con la Ley de Autonomía del Paciente. A partir de los 16 años va más allá de las leyes sanitarias vigentes que en casos de grave riesgo para la salud del menor y hasta los 18 años dejan en manos de los padres o tutores legales la toma de decisiones previa información del menor.

Considera que tanto parte de los fármacos como cualquier cirugía de cambio de sexo tiene graves riesgos para la salud de la persona. En su opinión, la ley no se ha madurado suficientemente desde el punto de vista jurídico y es previsible que, ante la colisión de derechos fundamentales, entre ellos, la identidad y la salud, sea el Tribunal Constitucional sea el que tenga la última palabra.

¿Cuál es el rol de los padres?

La Agrupación Amanda de madres de niños y niñas trans víctimas de disforia de género de inicio rápido ha planteado 37 enmiendas a la ley que está tramitando actualmente el Congreso de los Diputados.

Lamentan en especial la situación en la que la ley deja a los padres de estos menores. Y es que según explica Adela López “si inmediatamente los padres no respaldan al hijo desde los 12 años se arriesgan a perder incluso su patria potestad, pero el sentido común como padres nos invita a ver primero cuál es la situación y a evaluarla con profesionales independientes. No se pueden dar soluciones permanentes e irreversibles a problemas transitorios y la ley no contempla en ningún momento la disforia de género de inicio rápido como una realidad existente”.

“Los profesionales deben limitarse, según lo que plantea la ley, a informar, apoyar y acompañar, o sea que ya no pueden ni diagnosticar ni elegir el tratamiento más adecuado. Si mi hija viene y no ha tenido jamás incongruencia con 12 años y me dice que es trans y que quiere hormonarse y yo le digo que vamos a asegurarnos que esto es así porque el camino de ida a veces no tiene camino de vuelta me arriesgo a que me quiten la patria potestad. No odiamos a nadie, solo pedimos prudencia ante tratamientos que son irreversibles” lamenta López.

También desde AEPMYA lamentan una presunción no solo de los profesionales sino también de los padres “como hostiles o contrarios a los intereses de los hijos, casi por defecto cuando, ante una situación de conflicto entre ellos, se recurre inmediatamente a un responsable judicial sin obligar a una valoración psicológica/psiquiátrica en profundidad del menor y del sistema familiar”.

En una nota titulada “Ley Trans. Así, no” plantean los siguientes interrogantes: “¿quién va a evaluar si los padres están ejerciendo un efecto perjudicial sobre la libertad necesaria para el desarrollo de la personalidad de su hijo? ¿Quién va a señalar los signos de alarma que permitan identificar estas situaciones y tratar al niño y a la familia si es lo necesario? ¿Quién va a evaluar si la idea del niño está sometida a influencia perniciosas por estar abandonado y expuesto a influencias desmedidas e inadecuadas en las redes sociales? ¿Quién va a valorar la madurez del niño/adolescente para tomar decisiones de calado sobre su integridad física?

El interés superior del menor y la permanencia de la decisión

Para Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia en Save The Children: “todos los menores de edad, también los mayores de 16 años, deben de contar con acompañamiento psicológico en procesos complejos como los que implica la transexualidad, porque la salud es un todo integral y es muy importante también tener en cuenta la permanencia de la decisión antes de optar por tratamientos que pueden ser difíciles de revertir. El interés superior del menor debe primar en cualquier decisión y también en la elección del tratamiento más conveniente en cada caso”.