"El Gobierno pretende presentar 180 normas en 2026, una cada dos días, pero después de ver unas urnas escondidas y elecciones sin control, no resulta extraño"

El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a aprobar 180 normas a lo largo de 2026, según figura en el borrador del Plan Anual Normativo al que ha tenido acceso El Confidencial. Este ritmo, que equivale a una norma cada dos días, ha sido calificado como una "auténtica barbaridad" por la escritora y periodista Reyes Calderón en su sección 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. Calderón señala que, aunque sea "imposible" de cumplir, la propuesta se enmarca en una forma de gobernar que genera desconfianza.

Cuando uno utiliza las normas para hacer, en el mejor de los casos, papiroflexia y, en el peor, un pucherazo, nada importa que sean 180 o 360"

La colaboradora de COPE ha afirmado que "cuando uno utiliza las normas para hacer, en el mejor de los casos, papiroflexia y, en el peor, un pucherazo, nada importa que sean 180 o 360". En su análisis, ha añadido que actuar "de boquilla" está "machacando nuestra reputación como país, como estado de derecho", lo que repercute directamente en el llamado "riesgo país".

El pucherazo de 2016

Esta desconfianza se conecta con episodios pasados como el Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016. Vídeos inéditos publicados por The Objective han mostrado con crudeza lo que entonces se denunció como un intento de "pucherazo" por parte de Pedro Sánchez y su entonces número dos, César Luena. Las imágenes revelan una urna clandestina oculta en un cuarto tras la mesa de la dirección para, presuntamente, blindar un fraude después de que dimitiera la mitad de la Ejecutiva para forzar su salida. La tensión de aquel día, con gritos de "¡Pucherazo! ¡Cobardes! ¡Sinvergüenzas!", ha sido recordada por figuras como Susana Díaz.

Aunque Sánchez fue apartado del poder esa misma noche, aquel episodio es señalado como el origen de su resurgimiento con la llamada 'banda del Peugeot', integrada por figuras como Ábalos, Cerdán y Koldo. Este grupo recorrió España para recuperar la secretaría general en 2017 y, un año después, alcanzar la Moncloa mediante una moción de censura. Expotavoces socialistas como Soraya Rodríguez han afirmado que Sánchez sabía que no tenía mayoría y aún así forzó la situación.

Este vídeo haría dimitir a cualquier presidente en una democracia seria"

Un plan legislativo ambicioso

El Plan Anual Normativo de 2026 refleja la hoja de ruta del Ejecutivo. Entre las normas previstas, destacan varias que afectan a los medios de comunicación. Se incluye una Ley de Publicidad del Sector Público para adaptar la publicidad institucional al "panorama informativo" y una Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, que busca acortar plazos y reforzar sanciones a medios y redes sociales, una iniciativa que se relaciona con el caso que afecta a Begoña Gómez.

Las políticas de memoria democrática también tendrán un gran peso, con un real decreto para regular el funcionamiento del Valle de Cuelgamuros y otro para compensar a partidos por bienes incautados en la Guerra Civil. Además, el plan contempla una ley para la protección de los derechos de los grandes simios, una ley orgánica de juventud y la ampliación del bono cultural joven. En materia de igualdad, se prevén leyes contra la trata y la violencia vicaria.

Economía y Sanidad en el foco

En el ámbito económico, el documento refleja el compromiso de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, acometer una nueva subida del salario mínimo para 2027 y reformar el sistema de financiación autonómica para hacerlo "más eficiente y equitativo", un tema de constante debate territorial como se ha visto en El Cascabel de TRECE.

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, es uno de los más activos en el plan, con dos normas para restringir el consumo de tabaco y un nuevo estatuto marco para sanitarios que ya ha provocado amenazas de huelga. Además, se pretende impulsar un decreto para homogeneizar la información sobre las listas de espera del SNS, una medida que se interpreta como un movimiento de confrontación con la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Pese a la ambición del plan, el poder legislativo del Gobierno se encuentra en una situación de bloqueo parlamentario. La negativa de Junts a pactar con el PSOE y su petición de elecciones anticipadas complican la viabilidad de este maratón normativo, aunque este no entre en los planes del presidente. No obstante, el documento sirve como una clara declaración de las intenciones políticas del Ejecutivo para el penúltimo año de legislatura.