"La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el estatut ya decía que el 'principio de ordinalidad' era contrario a la solidaridad"
El Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron hace días para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica basado en la 'ordinalidad' y que daría a Cataluña casi 5.000 millones de euros adicionales
Madrid - Publicado el
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El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, avivado por el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, se ha topado con un importante precedente judicial. Durante su intervención en la sección 'Mr. Dato' de 'Herrera en COPE', el periodista Antonio Naranjo ha recordado la postura del Tribunal Constitucional sobre el principio de ordinalidad, un concepto clave en las negociaciones.
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El Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron hace días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con un claro punto de fricción sobre la mesa: el pacto entre Sánchez y Junqueras que supondría para Cataluña la recepción de casi 5.000 millones de euros adicionales. Las autonomías gobernadas por el Partido Popular han calificado el modelo de la vicepresidenta María Jesús Montero de "insolidario", una postura compartida por los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, respectivamente.
La clave: la solidaridad interterritorial
El periodista Antonio Naranjo, a preguntas de Carlos Herrera, ha arrojado luz sobre el asunto recordando una sentencia del Tribunal Constitucional relativa al recurso que el PP planteó contra el Estatut de Cataluña. Dicha sentencia, según Naranjo, es clara al respecto: cualquier interpretación del principio de ordinalidad —es decir, que una comunidad reciba del Estado lo mismo que aporta— debe considerarse contraria a una obligación constitucional.
La manifestación del TC expresa de un principio inherente al modelo de solidaridad interterritorial"
Periodista
El fallo del alto tribunal, tal y como ha explicado Naranjo, describe esta obligación como la "manifestación expresa de un principio inherente al modelo de solidaridad interterritorial", en virtud del cual "el estado viene constitucionalmente obligado a procurar un equilibrio económico adecuado y justo entre las comunidades autónomas". De esta forma, la jurisprudencia choca frontalmente con la exigencia de los partidos independentistas catalanes.
No obstante, el periodista ha matizado que la sentencia también recogía un contrapeso. El sistema de financiación "no podía perjudicar a las regiones más prósperas, más allá de lo razonablemente necesario". Esto implica que, si bien deben contribuir a la caja común, se espera que el resto de territorios también realicen sus propios esfuerzos para converger.
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Dudas sobre la viabilidad del modelo
La propuesta del Gobierno, que según la vicepresidenta Montero solo cumpliría el principio de ordinalidad con Cataluña, también genera incertidumbre entre los expertos. A especialistas en financiación como Diego Martínez, de CDA, les preocupa la sostenibilidad del modelo en "momentos de vacas flacas". “Aquí hay una gran incógnita, que es la dinámica, cómo va a evolucionar esto a futuro, que todavía, sinceramente, yo no la conozco”, señala Martínez, mostrando sus dudas sobre la viabilidad a largo plazo.
Mientras tanto, queda por ver el resultado de la reunión del Consejo, aunque el Ejecutivo no parece contar con los apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante una medida que nace con el rechazo de la mayoría de las comunidades y con serias dudas sobre su encaje constitucional.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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