Un modelo de financiación que nace muerto

La celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido para escenificar lo que ya se preveía: el rechazo de las Comunidades Autónomas, excepto Cataluña, a la propuesta presentada por la vicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ha intentado resucitar el modelo, que ha llegado muerto a la reunión, con la idea de que será voluntario, y que se negociará con cada una de las Comunidades Autónomas.

La razón de este rechazo no es la voluntad de oponerse por sistema al Gobierno por parte de unas Comunidades conscientes de que había que hacer una reforma del sistema de financiación. Todo indica que el sistema responde al diseño planteado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para responder al desafío de los independentistas. La financiación de las autonomías no se puede decidir en función de un chantaje y sin diálogo con todas las comunidades. La propuesta inicial de la ministra Montero ha recibido también el rechazo de las comunidades gobernadas por los socialistas, que insisten en que el nuevo modelo debiera seguir lo acordado por el Congreso Federal de Sevilla.

La financiación autonómica debe responder a criterios objetivos y válidos para todos, entre los cuales la solidaridad entre regiones debe ser determinante. La introducción del principio de ordinalidad, recibir en proporción de lo que uno aporta, rompe con esa solidaridad que es constitutiva de la configuración de nuestro Estado. Ni siquiera los socios de Sánchez están por la labor.