Ricardo Bravo vivió 8 años en un edificio lleno de okupas: "El banco optó por pagarles para que se fueran y me tocó a mí abonar parte de la reparación del edificio, lo habían destrozado"

El drama de la okupación y la inquiokupación en España ha sido expuesto una vez más en el programa 'Herrera en COPE', donde el periodista Jorge Bustos ha entrevistado a Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Bravo ha relatado los ocho años de calvario que vivió al ser el único vecino no okupa de su edificio, una situación que desembocó en una solución tan insólita como indignante: el banco propietario del inmueble pagó a los okupas para que abandonaran la finca.

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Ricardo Bravo, víctima de okupación

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La pesadilla de Ricardo Bravo

La historia de Ricardo Bravo comenzó con la crisis de 2008 en el barrio de Puente de Vallecas (Madrid). Tras la quiebra de la constructora, el edificio cayó en manos de un banco que lo desatendió. "Entró la primera familia que procedía de un clan de la Cañada Real y poco a poco fueron conquistando el edificio hasta que en febrero del 2015 se ocupó totalmente", ha explicado. Con la llegada de las mafias, el inmueble se convirtió en un foco de delincuencia, albergando "tres narco pisos".

Bravo ha descrito un entorno de violencia extrema. "He presenciado en varias ocasiones disparos dentro del portal, peleas con cuchillos, orejas arrancadas en el portal, persecuciones de coches por ajustes de cuentas", ha narrado. Esta situación le llevó a denunciar hasta 12 amenazas de muerte, pero todas sus denuncias fueron desestimadas al ser su palabra contra la de los okupas. La indefensión era total: "La impotencia de tener que venir todos al mismo edificio y tener que estar solo enfrentándome a esta mafia, y siendo consciente de los poderes públicos, y además el partido del gobierno, porque llegué a acceder a ellos. Y no se hizo absolutamente nada".

En 2019, la situación llegó a un punto límite. Según ha confesado Bravo en COPE, su vida se convirtió en un tormento que le impedía descansar y le hacía temer salir a la calle. "En 2019 ya, sinceramente, mi vida no valía nada, porque no podía descansar", ha afirmado, viéndose ante dos únicas opciones: "desaparecer de esta vida o salir en medios de comunicación para pedir ayuda". Afortunadamente, optó por la segunda.

La solución: pagar al delincuente

La presión mediática ejercida durante un año y medio forzó finalmente al banco propietario a tomar una decisión. Sin embargo, la entidad ignoró la petición de Bravo de una permuta para trasladarse a otra vivienda. En su lugar, el banco optó por pagar una extorsión a los okupas para que se marcharan. "Se fueron sin ningún tipo de condena y destrozando totalmente el edificio, que por cierto, me tocó pagar parte de la reparación", ha lamentado Bravo, calificándolo como "la recompensa para el criminal"..

Es mucho más habitual de lo que parece estos pagos para que los okupas sin que ocupas dejen la vivienda, porque la justicia no funciona"

Ricardo Bravo

Víctima de okupación

Ricardo Bravo ha subrayado que este tipo de pagos a okupas e inquiokupas "es mucho más habitual de lo que parece" porque la justicia no funciona. A día de hoy, asegura que "se siguen utilizando estas extorsiones, porque es la forma más rápida de poder recuperar la posesión". La experiencia le ha dejado secuelas, ya que sigue en tratamiento psiquiátrico, pero ahora lidera la lucha para cambiar la ley, porque, tras ser desestimada su denuncia en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, sigue "sin tener justicia".

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El programa también ha contado con el testimonio de Carmelo, un jubilado de 76 años afectado por la inquiokupación. Desde 2018 no puede disponer de su piso en el barrio de Canillas (Madrid) porque sus inquilinos dejaron de pagar y han sido declarados familia vulnerable, paralizando el desahucio hasta en siete ocasiones. Carmelo no solo no percibe la renta, sino que sigue pagando todos los suministros de la vivienda. "Solo me falta coger la fregona, venir a fregarles la casa y traerles el carrito de la compra", ha ironizado con amargura.

Frente a esta situación, la plataforma que preside Bravo pide una ley integral que cubra todos los supuestos de okupación y la derogación del llamado "escudo social", al que acusan de disparar los casos de inquiokupación. Según sus cálculos, esta modalidad ya supone el 81% de los afectados, que podrían sumar unas 180.000 personas en toda España, una cifra muy superior a los datos oficiales, que solo recogen las denuncias penales.