María Izquierdo, socióloga, sobre los matrimonios forzados: "En España existe una falsa percepción de que aquí no existe"

El asesinato de las hermanas Aruj y Anesa Habas en 2022, de 21 y 24 años, destapó una realidad tan brutal como silenciada. Residentes en Tarrasa (Barcelona), fueron engañadas para viajar a Pakistán y asesinadas por su propio hermano con el consentimiento de su padre. Su "crimen" fue querer divorciarse de los maridos con los que las habían obligado a casarse. Este caso, lejos de ser una excepción, es la punta del iceberg de un drama global y local: los matrimonios forzosos. Según la ONU, uno de cada cinco niños en el mundo está en riesgo y cada año 12 millones de niñas son casadas antes de cumplir los 18 años.

En España, a pesar de acoger a población de países donde esta práctica está arraigada, el problema pasa desapercibido. "Existe una falsa percepción de que esto no pasa aquí", afirma María Izquierdo, socióloga y responsable del proyecto No Acepto, una red de trabajo sobre matrimonios forzados. Esta falta de visibilidad se debe, en gran parte, a la ausencia de datos. "No hay datos estatales, no se registra de una forma específica, y muchas veces se confunden con otros tipos de violencia", explica la experta. El resultado es una "sensación de inexistencia que no es real".

Un problema invisible en España

La falta de un registro oficial impide cuantificar la magnitud del problema en nuestro territorio y deja a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad. Para combatir este silencio, un grupo de profesionales ha impulsado la red No Acepto, un proyecto de la Federación de Mujeres Progresistas que nació en 2018. Su objetivo es visibilizar esta forma de violencia de género y mejorar una respuesta institucional que, a día de hoy, es insuficiente y desigual.

Izquierdo insiste en que el caso de las hermanas de Tarrasa fue un recordatorio durísimo. "Visibilizó una violencia que muchas veces no queremos ver, y nos recordó también que los matrimonios forzados no son algo lejano ni excepcional, sino que ocurren aquí, en nuestras ciudades", señala. La socióloga es clara sobre las consecuencias de la inacción:

Cuando falla la prevención y la protección, las consecuencias pueden ser irreversibles"

La necesidad de un protocolo estatal

Mientras comunidades como Cataluña y Navarra han desarrollado protocolos y unidades especiales para abordar estos casos —los Mossos d'Esquadra contabilizaron ocho matrimonios forzados solo en 2023, seis con menores—, el resto de España carece de herramientas similares. "Si cambias de comunidad, pues la protección cambia", lamenta Izquierdo. Por ello, desde la red No Acepto exigen un protocolo estatal que "garantice una respuesta homogénea en todo el territorio".

La experta también rompe con los estereotipos asociados a esta práctica. Subraya que no se limita a países musulmanes, ya que también es común en India o China, y que muchas víctimas son españolas nacidas en nuestro país. En este sentido, es tajante al afirmar que los matrimonios forzados "no son una cuestión cultural, sino que es una cuestión de derechos humanos".

No son una cuestión cultural, sino de derechos humanos"

Señales de alerta: cómo actuar

Aunque muchas uniones se producen durante viajes al país de origen de la familia, a menudo aprovechando las vacaciones escolares, también se celebran matrimonios forzosos en territorio nacional. La clave, según Izquierdo, es la falta de consentimiento. En el caso de los menores de edad, siempre se considera una unión forzada porque "no pueden dar su consentimiento de manera libre". El problema es que los casos "se detectan tarde, cuando la unión ya se ha producido o cuando la víctima intenta escapar".

Para una detección temprana, el ámbito educativo es fundamental. La socióloga enumera varias señales de riesgo que pueden alertar al entorno: "cambios bruscos de comportamiento, abandono escolar, viajes inesperados, comentarios sobre bodas impuestas o un control familiar extremo". Ante la sospecha, la primera vía de actuación es la denuncia. "A la policía siempre se puede denunciar, porque está tipificado como un delito en el Código Penal español", concluye. Mientras tanto, la red No Acepto ofrece un acompañamiento integral a las víctimas, supliendo las carencias institucionales y luchando para que ninguna otra mujer o niña sufra un destino impuesto.