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“Muy buenos días España, en este domingo 10 de mayo de lluvias y tormentas. Son el pórtico de una semana donde las temperaturas bajan y habrá agua.

Madre mía la que se lio ayer en las calles. En muchos lugares, con la restricción de una hora y media de sol para la mayoría y un kilómetro de movimiento parecía aquello una manifestación. En mi vida he visto semejantes aglomeraciones cerca de las casas. Grupos de jóvenes de farra, gente coordinándose para esquivar a la policía. En fin, yo esto no lo entiendo.

La arbitrariedad del Gobierno

A partir de mañana empieza la Fase 1 para el 50 por cien de los españoles y fue noticia de última hora de ayer que podrán ir a su pueblo o a su casa de la playa, e incluso quedarse allí a dormir, los que tengan la suerte de tener una segunda vivienda en su provincia. Por lo demás ya habéis oído a Iván Alonso que se podrá proceder a visitar familiares, hacer reuniones de hasta diez personas, disfrutar terrazas al 50 por cien o entrar en comercios pequeños sin cita previa.

Los vascos, además, podrán moverse más allá de su provincia, un pacto con el Gobierno que nadie entiende, porque no tiene justificación científica. Ha habido protestas entre los dirigentes autonómicos porque solo se han aprobado excepciones para las autonomías afines políticamente. Lo explicaba ayer aquí en ‘Fin de Semana’ el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, que había pedido que algunas regiones de Málaga y Granada, limpias del virus, pudieran pasar a Fase 1, como ha pasado en Valencia, Cataluña o Castilla y León.

Son estas arbitrariedades las que preocupan en la gestión política de la crisis. Y las que al final siembran desconfianza.

"Coleguitas del Gobierno, vaya"

Por ejemplo, que el Estado nacionalice alguna empresa grande que lo necesite ya pasó con Bankia. También las comunidades autónomas han empezado a dirigir residencias privadas de ancianos en esta crisis, pero que Europa anuncie que los gobiernos podrán entrar en las compañías privadas durante seis años es cosa que seguro le pone los dientes largos a alguno al que las expropiaciones entusiasman particularmente. Y Europa ha dado ese paso, como anunciaba a Carlos Herrera José Borrell, alto representante europeo de asuntos exteriores, el viernes.

Pues preocupa, claro, con el tipo de personal que rodea a Pedro Sánchez. Como preocupa entre los juristas el anuncio ayer de que el presidente quiere estado de alarma y restricción de las libertades constitucionales hasta finales de junio.

Puede que sea necesario para impedir que salgamos de casa y el virus se extienda, pero impide también el derecho de libre reunión o manifestación y dificulta gravemente el control parlamentario y de prensa.

Por ejemplo, el Estado está haciendo compras, sobre todo sanitarias, a troche y moche, como es lógico, pero sin pasar por concurso y sin publicitarlos como exige la Ley de Transparencia, y tenemos ya datos, como en el caso Interpharma, que huelen a amiguismo. Y ayer saltaba la noticia de que Sánchez e Iglesias acaban de contratar 24 nuevos directores generales para los ministerios. En vez de funcionarios, como dice la ley, son miembros de ONGs o políticos. Coleguitas del Gobierno, vaya. ¿De verdad son precisos? ¿Veinticuatro directores generales más? Son 2.300.000 euros en sueldos en un país donde muchas familias ya no llegan a fin de mes.

Ayer le preguntaron los periodistas al presidente los nombres de los miembros del comité de 12 expertos sanitarios que asesoran al Gobierno. La ley obliga a que se hagan públicos. Y otra vez se escapó. Dice que son funcionarios. Ya, pero queremos los nombres. Y lo mismo pasó cuando le preguntaron el número de muertos en residencias, que se sabe, como recuerda Gaona, que podría poner la cifra de fallecidos en España en 40.000. Ni mu. Que ya los dará, dice.

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En fin, por cambiar de noticia, un abrazo a Julio Anguita desde aquí. El califa rojo ha sufrido un tercer infarto y está grave en un hospital de su Córdoba. No es cosa del bicho, pero su situación es preocupante".

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