Él (31) no dominaba el castellano, y ella (63) no hablaba árabe: Se conocieron en un parque de Logroño y de aquel encuentro surgió algo que nadie habría llamado una relación

La Guardia Civil en La Rioja ha destapado una trama de falsedad documental y usurpación de identidad que pretendía aprovechar los mecanismos de empadronamiento y matrimonio civil para obtener la residencia en España de forma fraudulenta. 

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación de Logroño, ha terminado con tres hombres investigados, de entre 32 y 63 años, originarios de Túnez, Marruecos y España, por su presunta implicación en la red.

El caso ha salido a la luz gracias a la colaboración entre los ayuntamientos del cinturón metropolitano de Logroño y la Guardia Civil, un trabajo conjunto que demuestra la importancia de la coordinación entre administraciones para detectar irregularidades en los procesos administrativos.

Todo comenzó cuando un consistorio riojano detectó irregularidades en la documentación presentada por un ciudadano para empadronarse y, poco después, solicitar la celebración de un matrimonio civil. El documento que acompañaba su solicitud, un contrato de alquiler, no coincidía con los registros reales de la vivienda.

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Un contrato falso y una identidad suplantada  

Los agentes revisaron el contrato de arrendamiento y descubrieron que el piso figuraba ya alquilado a otros inquilinos. Además, la propietaria del inmueble había sido víctima de una usurpación de identidad, ya que su firma y datos personales habían sido utilizados sin su consentimiento.

El supuesto inquilino, un varón marroquí de 31 años en situación irregular en España, intentaba empadronarse para cumplir con los requisitos necesarios y casarse con una mujer española de 68 años.

La relación entre ambos era prácticamente inexistente. Según los investigadores, se habían conocido en un parque de Logroño apenas unos meses antes y ni siquiera hablaban el mismo idioma, él no dominaba el castellano, y ella no hablaba árabe. Los agentes sospechan que el matrimonio era de conveniencia, con el único objetivo de obtener papeles de residencia legal en el país. 

Un intermediario y un contrato “a medida”  

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El caso dio un giro cuando los investigadores localizaron al intermediario que había tramitado el empadronamiento. Este hombre confesó que un tercero, presuntamente a cambio de dinero, había sido el encargado de fabricar el contrato falso de alquiler.

Con esta pieza clave, los agentes han reconstruido cómo funcionaba la trama:

Se localizaba a una persona extranjera sin documentación.

Se preparaba un contrato de alquiler falso para facilitar su empadronamiento.

Una vez empadronado, se tramitaba un matrimonio civil con una persona española, generalmente vulnerable o de edad avanzada.

El objetivo era claro, acceder a los derechos de residencia en España y regularizar la situación del inmigrante mediante un enlace legalmente reconocido, aunque no real.

 Consecuencias legales y alerta ciudadana  

Las diligencias se han remitido a la autoridad judicial, mientras la investigación sigue abierta para determinar si existen más personas implicadas en la red.

Desde la Guardia Civil se recuerda que este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que además vulneran derechos fundamentales y alteran los mecanismos legítimos de convivencia y ciudadanía.

“El fraude en empadronamientos y matrimonios de conveniencia no es un trámite sin importancia. Es un delito que afecta a la convivencia, a la seguridad jurídica y a la confianza en las instituciones”, han señalado fuentes de la investigación.

La Guardia Civil también ha aprovechado para hacer un llamamiento a los ayuntamientos y ciudadanos, recordando que cualquier sospecha de irregularidad en estos procesos debe ser comunicada a las autoridades. 

 Matrimonios de conveniencia en España: un fenómeno creciente  

Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos años se han detectado más de 400 matrimonios de conveniencia al año en España. Estas uniones, aparentemente legales, suelen implicar una contraprestación económica, y se concentran principalmente en grandes ciudades, aunque los casos en provincias pequeñas han ido en aumento.

En La Rioja, la coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los ayuntamientos ha permitido frenar varios intentos de este tipo, sobre todo en municipios cercanos a Logroño, donde los trámites de empadronamiento son más ágiles.

El fenómeno también tiene una vertiente social preocupante, en muchos casos, las personas españolas implicadas son mayores, con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad emocional, lo que las hace más propensas a ser manipuladas. 

La colaboración entre instituciones, clave del éxito  

Uno de los aspectos más destacados de esta investigación ha sido la cooperación entre las distintas administraciones públicas. La rápida respuesta del ayuntamiento afectado, que detectó el fraude en el contrato de alquiler, permitió que los agentes actuaran con celeridad y evitaran la celebración del matrimonio.

Este tipo de coordinación refuerza la seguridad administrativa local y ayuda a mantener la integridad del sistema de empadronamientos y matrimonios civiles.

La Guardia Civil mantiene abierta una línea de trabajo con los consistorios riojanos para formar al personal municipal en la detección de documentos falsos y prevenir este tipo de delitos. 

Más allá de los aspectos legales, este caso refleja una realidad social compleja. La falta de oportunidades y las dificultades para regularizar la situación de muchas personas migrantes alimentan redes de falsificación y engaños, que se aprovechan tanto de quienes buscan una salida como de quienes, por vulnerabilidad o necesidad, aceptan participar en estos matrimonios ficticios.

La historia, aunque parece sacada de una película, ocurre más veces de las que se cree. En La Rioja, como en el resto del país, las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia activa para detectar casos similares, reforzando el mensaje de que la empatía no puede confundirse con la permisividad ante el fraude.