Okupan la casa de un municipio de Galicia y la condición que ponen para marcharse deja en jaque al alcalde y los vecinos

La okupación es uno de los problemas latentes en diferentes puntos del país y también en Galicia. Muchas cifras dan cuenta de esta premisa. Según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que contabiliza los procedimientos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, en el conjunto del país se registraron 1.782 casos de ocupación ilegal durante 2024. En Galicia, se contabilizaron 66 procedimientos judiciales a lo largo del año, distribuidos del siguiente modo: 17 en el primer trimestre, 24 en el segundo y 25 en el tercero.

Con este contexto ya planteado, te hablamos de un caso particular que se produjo en Combarro, en el municipio de Poio (provincia de Pontevedra). Allí, hace escasos meses, se instalaron unos okupas en una vivienda que tenía un valor de 250.000 euros. Cambiaron las cerraduras nada más llegar, impidiendo cualquier tipo de acceso. Al día siguiente, los agentes de la Policía Local de Poio acudieron e identificaron a la mujer desde la ventana. 

Se produjeron intentos de mediación. Pero la pareja, en un primer momento, se negó a abandonar la vivienda. Esto hizo que la policía abriese diligencias por okupación ilegal, con la consiguiente notificación al juzgado. La tensión en el municipio iba en ascenso; manteniendo en vilo a todos los vecinos. 

la presión vecinal y del alcalde hizo su efecto

Este caso de okupación ilegal en el municipio de Poio, Pontevedra, se resolvió por la presión vecinal y la del propio alcalde. Cabe destacar que más de 50 vecinos se presentaron en las puertas de la vivienda para que los okupas se marchasen. La presencia del alcalde también fue crucial para llegar a un acuerdo y, finalmente, la pareja aceptó irse de manera voluntaria. 

Como te contábamos, lo destacado es que el líder del consistorio explicó a los okupas que esa presión vecinal que se estaba viviendo en el pueblo no iba a acabar bien si seguían okupando ese inmueble. Finalmente, la condición que pusieron para marcharse pilló por sorpresa al alcalde y al resto de vecinos, pero aceptaron. Pidieron que les pagasen un taxi para marcharse sanos y salvos hasta la estación de autobuses de Pontevedra.

"HE ESTADO UN AÑO DURMIENDO EN UNA FURGONETA"

La mujer, en declaraciones a La Voz de Galicia, explicó que se vieron obligados a hacerlo porque dormían en una furgoneta. 

"He estado un año entero durmiendo en una furgoneta. Estuve bien. Estuve trabajando. Tuve trabajo, tenía casa, tenía de todo, pero me quedé sin trabajo porque este hombro no lo puedo mover", decía. 

Sea como fuere, el episodio concluyó de forma tranquila pero contundente, con la vivienda protegida mediante nuevas cerraduras, sistema de alarma y vigilancia continua. 

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La actuación vecinal, respaldada por las autoridades locales, dejó claro que la comunidad no está dispuesta a tolerar ocupaciones ilegales. Aunque no se produjeron incidentes graves, el caso pone de relieve la importancia de contar con mecanismos institucionales ágiles y eficaces para prevenir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad jurídica de las propiedades.

LA LUCHA CONTRA LA OKUPACIÓN EN OTROS PUNTOS DEL PAÍS

La movilización vecinal es una gran iniciativa (pero no la única) que se desarrolla en España para luchar contra la okupación. En el municipio de Escalona, Toledo, hay un plan municipal contra los okupas. 

Las medidas, en concreto incluyen la demanda de desalojo en el 100% de los casos, el tapiado de viviendas (más de medio centenar de viviendas con fondos propios, según el Ayuntamiento de Escalona), el refuerzo de la seguridad con la Guardia Civil y la contratación de seguridad privada, y la convocatoria de 6 nuevas plazas de Policía Local.   

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