La Policía destapa las 'rutas cannábicas' para turistas que ocultan la venta de droga en el sur Tenerife

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Local de Adeje, han desmantelado una red de puntos de venta de droga que operaban bajo la apariencia de asociaciones cannábicas en el sur de Tenerife. La intervención, centrada en el centro comercial Puerto Colón, se ha saldado con la detención de 13 personas de diversas nacionalidades y el desmantelamiento de cuatro de estos locales que, según los investigadores, no eran más que 'puntos de droga' encubiertos.

Esta actuación no es un hecho aislado, sino que forma parte de la 'Operación Retorno', un dispositivo policial a gran escala para combatir la 'proliferación muy significativa' de estos falsos clubes en la zona. Según ha explicado en el programa Herrera en COPE Tenerife el jefe de la brigada local de la policía judicial del sur de Tenerife, Luis González de Orduña Lucas, a lo largo de este año ya se han desmantelado 15 asociaciones cannábicas y tres locales comerciales vinculados, con un balance de 34 detenidos. 'La operación sigue abierta, seguimos con varias investigaciones en curso', ha confirmado.

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Policía Nacional 

Operación Retorno

Un paraíso para el 'narcoturismo'

El 'modus operandi' de esta trama se centraba especialmente en el sector turístico. A nivel local, contaban con un 'entramado de relaciones públicas y tiqueteros dedicados a captar turistas por las zonas más concurridas del sur de la isla. Pero su alcance era también internacional: 'Están todos en redes sociales y se anuncian abiertamente', ha señalado el responsable policial. En estas plataformas invitaban a los potenciales clientes a visitar sus instalaciones con total normalidad.

Es el tipo de turismo que estaban vendiendo"

Luis González de Orduña Lucas

Jefe de la brigada local de la policía judicial del sur de Tenerife

El objetivo era promover un modelo de negocio ilícito importado de otros lugares. 'Han llegado a crear rutas de consumo de cannabis, un poco copiando el sistema de Ámsterdam. Es el tipo de turismo que estaban vendiendo', ha detallado González de Orduña. Esta actividad, ha advertido, genera una potente economía sumergida con trabajadores sin dar de alta, locales sin licencia y una 'delincuencia satelital' que se nutre de este entorno. 

El escudo de un derecho fundamental

La clave del entramado era utilizar un 'agujero legal' para dificultar la acción policial. Los responsables de los clubes se amparaban en el derecho de asociación, un derecho fundamental recogido en el artículo 22 de la Constitución, para constituir sus negocios. 'Es muy sencillo montar una asociación, únicamente necesita unos estatutos y tres personas', ha explicado el inspector. Este blindaje les permitía 'entorpecer la actividad investigadora de la policía'.

Esto no es terapéutico"

Luis González de Orduña Lucas

Jefe de la brigada local de la policía judicial del sur de Tenerife

Frente a este argumento, la Policía Nacional basa sus actuaciones en el artículo 368 del Código Penal, que no solo castiga el tráfico, sino también 'promover, favorecer o facilitar el consumo' de estupefacientes. Los investigadores han reunido indicios suficientes para que los jueces avalen las intervenciones, demostrando que estos locales son asociaciones ilícitas con fines delictivos. 'El trasiego de gente que tienen no se corresponde con la gente enferma. Esto no es terapéutico', ha sentenciado González de Orduña, desmontando el posible uso medicinal de estas asociaciones.

La operación más reciente, que ha tenido una mayor notoriedad 'porque ha sido con cuatro registros simultáneos', se completó con otras dos entradas y registros en una fase posterior. En total, se intervinieron cerca de cuatro kilos y medio de marihuana, hachís y más de 100.000 euros en efectivo. Los detenidos, seis hombres y cinco mujeres a los que se sumaron dos más en días posteriores, tienen edades comprendidas entre los 20 y los 52 años.

Además del tráfico de drogas, estos locales acumulaban todo tipo de infracciones. La policía ha documentado la existencia de cámaras de grabación irregulares, un hecho que vulnera la Ley de Protección de Datos y que ya ha sido comunicado a la agencia española competente para su sanción. 'Cuando vamos, vamos con todo y sancionamos por todo', ha concluido el inspector, destacando la colaboración entre diferentes unidades para levantar actas por todas las irregularidades detectadas.