El foro contra la violencia de género, ante el fallo en las pulseras: "Debe haber responsabilidades políticas e institucionales"

La polémica ha saltado a nivel nacional a raíz del mal funcionamiento de las pulseras electrónicas antiviolencia de género. Se han registrado fallos en su funcionamiento. Asunto que, evidentemente, genera inseguridad y un daño moral enorme a las víctimas. Canarias es la 4ª autonomía que más pulseras activas tiene -con 343- solo por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. 

Tenerife, junto a Cuenca, fue una de las provincias españolas donde primero se registraron las incidencias. La Consejera de Seguridad y Emergencias, Nieves Lady Barreto, asegura que no se notificaba cuando el infractor estaba cerca de la víctima.

La portavoz del Foro contra la Violencia de Género en Tenerife, Elisa Pérez, asegura que es una cuestión esta, la del fallo en las pulseras, que genera incertidumbre y malestar en las víctimas: “Si no funcionan, las mujeres no pueden documentar un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento, lo que ha supuesto, el sobreseimiento de caso ante los quebrantamientos de la orden de alejamiento. Lo que nosotras hemos exigido durante mucho tiempo como foro, es que haya un informe y un análisis de los fallos que han ocurrido a lo largo del tiempo, porque sabemos que hay fallos y no se pueden minimizar”.

Pérez, además, detallaba el sentir de estas mujeres afectadas: “Las mujeres están totalmente desprotegidas. Lo que genera es eso, una falta de confianza en el sistema, porque encima las respuestas han sido, tardías e ineficaces. Hay que identificar la raíz del problema”.

FALTA DE RECURSOS  

Desde el Foro contra la Violencia de Género denuncian una alarmante falta de personal de seguridad para acompañar a las víctimas de malos tratos en su proceso de asegurar su salud: “Que una mujer esté registrada en el sistema VioGén no garantiza que esté segura. Faltan recursos también de personal, de policía, para acompañar a estas mujeres. Por lo tanto, no convence ninguna de las explicaciones. Lo que debe haber es un análisis en profundidad de qué es lo que está ocurriendo”.    

BÚSQUEDA DE RESPONSABILIDADES  

Por ello, y ante la ineficacia de las medidas, Elisa Pérez pide que se depuren responsabilidades, en el plano político y administrativo, para que ninguna mujer más tenga que pasar por esta situación: “Debe haber una responsabilidad política e institucional. El propio Consejo General del Poder Judicial también tiene sus propios mecanismos para hacer esas revisiones y para poner remedio a esas brechas en la protección que está dirigida a las mujeres en situación de violencia”.