El silencio ante el bullying puede salir caro: los colegios podrían enfrentarse a responsabilidades penales

El oficial Alejandro Márquez Márquez, responsable del programa Agente Tutor de la Policía Local de Málaga, advierte en COPE Málaga de que los colegios e institutos que no activen los protocolos ante un posible caso de bullying pueden ser denunciados ante la Fiscalía de Menores. El programa policial, pionero en la ciudad, busca prevenir, detectar y acompañar a las víctimas, pero también recuerda que "mirar hacia otro lado puede tener consecuencias legales".   

 "No actuar ante el acoso también es delito"  

Las recientes tragedias derivadas del acoso escolar, como el caso de la adolescente de Sevilla que se quitó la vida tras sufrir bullying, han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de detección y actuación.

"El suceso de Sevilla nos hace reflexionar a todos. No solo a las familias o al alumnado, sino también a las administraciones y, especialmente, a los centros educativos. Porque cuando se detecta un caso y no se actúa, la responsabilidad puede llegar a ser penal", explica el oficial Alejandro Márquez.

El agente recuerda que el acoso escolar "no es una pelea puntual entre compañeros", sino "un comportamiento hostil y reiterado que busca humillar, aislar o dañar a una misma persona". Según Márquez, se identifican distintas formas: físicas, verbales, sociales y, cada vez más, digitales. "El ciberacoso es el más preocupante, porque la víctima no descansa ni un minuto. Las agresiones continúan las 24 horas a través de redes y mensajería", apunta. 

 El papel de los centros educativos  

El programa Agente Tutor, activo en Málaga desde hace varios años, tiene como objetivo apoyar a la comunidad educativa en la prevención y gestión de conflictos. Sin embargo, Márquez reconoce que no todos los colegios reciben con agrado la intervención policial.

"Algunos centros se incomodan cuando entramos, porque si detectamos indicios de bullying, tenemos la obligación de actuar de oficio", aclara. "Eso significa que, aunque el colegio no haya solicitado la intervención, debemos abrir diligencias y comunicarlo a la Fiscalía de Menores y a la Delegación de Educación. Y eso, a veces, no gusta".

El oficial subraya que "hay centros que no activan el protocolo porque temen ser etiquetados como conflictivos". Sin embargo, advierte con firmeza: "Si sabemos que hay un caso y no se actúa, puede haber responsabilidad penal. Trabajar con menores implica un deber de cumplimiento, y omitirlo puede tener consecuencias". 

 Cómo se detectan los casos de acoso  

El equipo del programa Agente Tutor imparte charlas y talleres en colegios e institutos desde quinto de primaria hasta bachillerato. "A veces llegamos tarde", lamenta Márquez, "porque ya estamos viendo casos en tercero o cuarto de primaria".

Te puede interesar

El rap de un niño contra el bullying que hace llorar a Jesús Vázquez: "Ojalá hubiera tenido un amigo como tú"

Durante estas sesiones, los agentes explican las consecuencias del acoso y las vías para pedir ayuda. "Muchos menores se ven reflejados en las charlas y se atreven a contarnos lo que están viviendo", cuenta. "Lo más impactante es que, en la mayoría de los casos, ni el centro ni la familia lo sabían".

Una vez detectada una posible situación de acoso, se activa de inmediato el protocolo. "El centro se tiene que comprometer, porque la Policía actúa de oficio. Si es necesario, se comunica a Fiscalía. Incluso la responsabilidad del docente o del adulto puede ser investigada", señala Márquez. 

 De la prevención a la responsabilidad penal  

El oficial recuerda que la responsabilidad penal por acoso comienza a los 14 años. "Entre los 14 y los 18, los menores pueden enfrentarse a medidas como libertad vigilada o programas de reeducación", explica. "Y aunque los menores de 14 no son penalmente responsables, eso no significa impunidad. Sus casos también se trasladan a Fiscalía de Protección y quedan registrados".

Márquez destaca que, en Málaga, el pasado año se activaron más de 50 casos de acoso escolar. "La mayoría se resolvió mediante medidas educativas y acuerdos con las familias. Solo tres o cuatro acabaron en condena", detalla. 

 Un recurso de apoyo, no de sanción  

El oficial insiste en que el propósito del programa no es punitivo, sino preventivo. "No vamos a los colegios a señalar, sino a ayudar. Pero si encontramos algo, debemos actuar. Porque el silencio también hace daño", afirma.

Finalmente, hace un llamamiento a los equipos directivos: "Si un centro quiere sumarse al programa Agente Tutor, solo tiene que contactar con el área de Educación del Ayuntamiento. Nosotros nos encargamos de programar las charlas. Es una herramienta valiosa para proteger a los menores y evitar que tragedias como la de Sevilla vuelvan a repetirse", finaliza.