El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido un encuentro con los 19 alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para conocer la problemática de la zona, en el marco del desplazamiento a la comarca que durante dos días ha realizado la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía de la Institución.

Según ha indicado la Oficina del Defensor del Pueblo, los alcaldes de la zona han agradecido al Defensor el desplazamiento de la Oficina de Información para la atención personalizada a los vecinos de la Sierra, al tiempo que le han trasladado diversas problemáticas.

Así, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, le ha indicado al Defensor el déficit en recursos sanitarios; la necesidad de mejoras en la red de transporte público; problemas de financiación de estas entidades locales, o la situación del medio ambiente.

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El Defensor del Pueblo andaluz recoge las inquietudes de la Sierra https://t.co/TvgAc0nW2E a través de @diariocadiz

— 100% Villaluenga (@100Villaluenga) June 30, 2021

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Otros problemas que han destacado los alcaldes de la comarca han sido la necesidad de incrementar los recursos y los profesionales para atender a las personas mayores, así como el problema de la exclusión financiera con el cierre de entidades bancarias. En cuanto a la infancia y a la adolescencia, los alcaldes han demandado más recursos en educación y sanidad.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a los alcaldes los retos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos de pandemia y las prioridades que deben acometer las administraciones públicas, como son el reforzamiento de los servicios públicos, la atención a una economía de cuidados, la agilidad en los servicios de atención e información ciudadana, y la necesidad de coordinar bien los recursos y prestaciones sociales para que lleguen a los colectivos y personas más necesitadas.

Jesús Maeztu también ha advertido sobre su preocupación ante el repunte de casos de salud mental, especialmente entre los niños, y sobre el agravamiento de la pobreza infantil.

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Acabamos de terminar la reunión con Asociaciones: Agradecemos la participación del Centro de colaboración Madre Coraje de Ubrique y la Asociación de Vecinos Casco Antiguo de Arcos de la Frontera @ArcosCiudad, @aytoubrique, #SierradeCádiz_dPApic.twitter.com/4n1qRdbcRG

— Defensor P. Andaluz (@DefensorAndaluz) June 29, 2021

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GARANTE DE DERECHOS

El Defensor ha recordado su papel como Institución garante de derechos y ha mostrado su disposición a fortalecer la colaboración y las relaciones con los ayuntamientos para la protección de los derechos de la ciudadanía.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la Sierra de Cádiz durante dos días -el lunes a Villamartín y el martes a Arcos- para atender las quejas y consultas de la ciudadanía.

En concreto, el equipo del Defensor ha atendido individualmente a una veintena de vecinos de comarca, que le han trasladado, entre otros asuntos, problemas de contaminación acústica, de carencia de aparcamiento en el caso histórico, de deficiencias de las comunicaciones y de retrasos en las prestaciones de renta mínima y ayuda al alquiler de vivienda, entre otros.

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Con la cercanía y buena voluntad que demuestran están más cerca de resolver los problemas de sus vecinos y vecinas. Escuchamos a los alcaldes de #SierradeCádiz_dPA y reforzamos la colaboración y comunicación para garantizar los derechos de la ciudadanía.https://t.co/bdF7iY2LrApic.twitter.com/aFDk8CiyaS

— Defensor P. Andaluz (@DefensorAndaluz) June 29, 2021

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También han mantenido encuentros con asociaciones de vecinos y con asociaciones de salud mental, de memoria democrática y de atención a menores. Finalmente, han mantenido sendos encuentros con los servicios sociales de la zona que atienden a la población de dicha comarca.

El objetivo de esta visita, según ha explicado, es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras o suministros de luz y agua.

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