Okupan una casa en Valladolid y cuando vuelven los propietarios la recuperan gracias a haber dejado este objeto dentro

En la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025, una llamada al 112 alertaba de lo impensable: una vivienda del céntrico barrio de Parque Alameda amanecía con cerradura cambiada y voces desconocidas en su interior. Los propietarios, recién llegados de un viaje laboral, se encontraban frente a su puerta con la llave original inútil en la mano. Lo que siguió fue un operativo policial que destapó una trama de okupación express, pero también una estrategia vecinal que marcaría la diferencia: los dueños habían dejado en el interior un arsenal de documentos personales, correspondencia con sus nombres y fotografías familiares, prueba irrefutable de que la vivienda era su hogar habitual.

La Policía Nacional y Local acudieron al lugar en menos de diez minutos. Los okupas, un hombre y una mujer, insistían en que llevaban allí desde el 3 de agosto y que creían que la vivienda estaba abandonada. "Es nuestro derecho", alegaban, según el parte policial. Pero su relato se desmoronó cuando los agentes comprobaron el contenido del buzón –repleto de cartas dirigidas a los propietarios– y los vecinos confirmaron que la familia residía allí desde hacía años. Los detenidos, que llegaron a proferir amenazas e insultos, fueron reducidos y trasladados a comisaría. Horas después, quedaban en libertad con cargos, a la espera de juicio por allanamiento de morada.

Valladolid, entre la alarma social y los datos oficiales

Este caso se enmarca en una tendencia creciente en Castilla y León, donde los procedimientos judiciales por okupaciones ilegales se dispararon un 130% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las estadísticas oficiales matizan la magnitud del fenómeno: en toda la provincia de Valladolid, las 118 denuncias por usurpación o allanamiento representan solo el 0,07% del parque de viviendas.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, insiste en desmontar bulos: "No es cierto que si sales a comprar el pan, al volver tengas tu casa okupada". En declaraciones a El Norte de Castilla, Canales atribuye el problema a 'mafias especializadas' que operan sobre todo en viviendas de grandes tenedores como bancos o la Sareb: “Conocen la ley al milímetro y se dedican al doble negocio de okupar y desokupar, a veces incluso cobrando alquileres ilegales”.

Pero la percepción ciudadana es otra. En barrios como Delicias (donde calles como Caamaño o Aaiún se han convertido en puntos calientes) los vecinos relatan un goteo constante de incidentes: "Aquí hay peleas entre bandas, armas blancas y una sensación de impunidad que asusta", explica una residente que prefiere mantener el anonimato.

La estrategia que salvó una casa: documentación y vigilancia

El desenlace exitoso en Parque Alameda no fue casual. Los propietarios, anticipándose a un escenario de ocupación, habían dejado inside la vivienda un rastro imborrable de su vida cotidiana: facturas de servicios públicos, álbumes de fotos, e incluso medicamentos con sus nombres en el botiquín. "Esa documentación fue clave para que la Policía actuara sin esperar una orden judicial", reconoce un agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

La ley permite el desalojo inmediato si se prueba que la vivienda es la morada habitual y la ocupación es reciente (menos de 48 horas). Pero cuando no hay pruebas de habitabilidad, el proceso se alarga: el plazo medio para una sentencia de desahucio en España ronda los 24 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

En Santovenia de Pisuerga, otro pueblo vallisoletano, los vecinos han ido más lejos: han organizado turnos de vigilancia 24 horas para disuadir a ocupas. “Aquí no vamos a permitir que se nos imponga el miedo”, declaró uno de los participantes a COPE. Su sistema, coordinado con la Guardia Civil, logró frustrar un intento de ocupación en la calle Guindales.

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Mientras comunidades como Cataluña concentran el 42,6% de las ocupaciones a nivel nacional, en Castilla y León el debate se centra en cómo conciliar la protección de propietarios y la atención a familias vulnerables. La Sareb (con 400 inmuebles en la provincia) está litigando para desalojar 67 viviendas, pero también ha firmado 50 contratos de alquiler social con ocupantes que acreditan situación de precariedad. “Son mayoritariamente mujeres con familias monoparentales y casos de maltrato”, justifica la entidad.

El PP de Valladolid acusa al Gobierno de “premiar la ilegalidad” en casos como el de Arroyovereda (Arroyo de la Encomienda), donde 50 de 91 viviendas de la Sareb están ocupadas. “Sánchez blanquea a los ocupas”, denuncia la diputada Mercedes Cantalapiedra. Pero la realidad es más matizada: la nueva ley de desahucios exprés –aprobada con el apoyo de PNV, PP, Junts y Vox– entrará en vigor en abril de 2025, agilizando los juicios por allanamiento.

La prevención: la mejor arma

Volviendo al caso de Parque Alameda, los expertos subrayan la importancia de medidas preventivas:

• Documentación inside: Dejar pruebas de habitabilidad (correspondencia, fotos) facilita la actuación policial inmediata.

• Vigilancia vecinal: Como en Santovenia, la colaboración con fuerzas de seguridad disuade a ocupas.

• Refuerzo de seguridad: Cerraduras antibumping y alarmas conectadas a centrales.

“El mensaje es claro: la okupación no es un problema abstracto, pero hay herramientas para combatirla”, concluye Óscar Rodríguez, director de la Cámara de Propiedad Urbana de Valladolid, cuyo servicio antiokupación recibió solo seis llamadas en los primeros tres meses de 2025.

Mientras, los propietarios de Parque Alameda duermen de nuevo en su casa. Su experiencia, amarga pero efímera, es un testimonio de que la ley puede funcionar cuando la prueba es irrefutable. Y de que, a veces, el mejor escudo es un álbum de fotos sobre la mesa.