Un experto inmobiliario avisa de la nueva moda con las casas okupadas que puede perjudicar a la economía española: "Es una tendencia peligrosa"
Carles Solé realiza una advertencia sobre el futuro del mercado de la vivienda para los próximos años en España y explica una faceta que no se ve

Okupación
Madrid - Publicado el
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El mercado inmobiliario español enfrenta un fenómeno creciente y preocupante: la compraventa de viviendas okupadas. Según datos del portal Idealista, más de 20.000 inmuebles en esta situación están actualmente a la venta en España. Esta anomalía, lejos de ser marginal, se ha convertido en un nicho para inversores especializados, pero expertos como Carles Solé, coordinador de Formalización Hipotecaria de Tecnotramit, advierten de sus riesgos.
“Es una tendencia peligrosa, pues al final se acaba haciendo negocio con esta situación”, afirma Solé, quien destaca que muchos compradores han profesionalizado estas adquisiciones, evitando los largos procesos judiciales mediante acuerdos extrajudiciales.
“Captar financiación no es viable”
La peculiaridad de estas transacciones radica en su opacidad. Al no poderse acceder físicamente a la vivienda okupada, resulta imposible realizar una tasación, lo que descarta la financiación hipotecaria tradicional. “Captar financiación en este tipo de adquisiciones no es viable”, explica Solé. Esto limita las operaciones a inversores con elevada capacidad económica, que adquieren los inmuebles al contado, sin prisa por vender y con equipos legales para negociar con los ocupantes. Tecnotramit insiste en la importancia de documentar el estado del inmueble ante notario durante la venta, para evitar futuras reclamaciones.

Okupas en Granada junto a un policía
De hecho, esta tendencia surge en un escenario donde la okupación sigue siendo un problema estructural. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por intrusión en inmuebles, un 7,4% más que en 2023. Cataluña concentra el 40% de los casos, con 7.009 denuncias, seguida de Andalucía (2.207) y la Comunidad Valenciana (1.767). La disparidad regional refleja factores como la presión demográfica, políticas locales laxas y la histórica presencia de movimientos sociales que defienden la okupación, especialmente en áreas metropolitanas como Barcelona.
Riesgos para la economía de la okupación
Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, alerta de que la desprotección jurídica de la propiedad y normativas “con sesgo ideológico” (como la limitación de rentas de alquiler) están reduciendo la oferta de vivienda, especialmente en Barcelona frente a Madrid. “La rentabilidad no solo depende de los ingresos, sino del riesgo. Y si este es demasiado alto, los inversores se retraen”, señala Hernández Reche. Esta dinámica agrava el desequilibrio entre oferta y demanda, encareciendo los precios y dificultando el acceso a la vivienda para familias y jóvenes.

Barrio okupado
Además, la profesionalización de la compra de pisos okupados podría incentivar indirectamente la okupación, al convertirla en un activo especulativo. “Algunos compradores ven aquí una oportunidad, pero normalizarlo perjudica a la confianza en el mercado”, añade Solé. Tecnotramit subraya que, aunque la inversión en vivienda para uso propio sigue siendo segura, el riesgo regulatorio y la falta de protección legal están disuadiendo a muchos pequeños inversores 15.
El impacto macroeconómico
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La situación se enmarca en una economía española que, pese a su crecimiento estimado del 2,4% en 2025, enfrenta desafíos como la escalada de precios de la vivienda y la desaceleración del consumo. The Economist destaca que los alquileres se han duplicado en una década, mientras los salarios solo crecieron un 20%, generando tensiones sociales. La okupación y su mercantilización podrían exacerbar estos problemas, especialmente en ciudades con alta demanda turística y escasez de suelo, como Barcelona.
Los expertos coinciden en que, sin políticas a largo plazo que aumenten la oferta de vivienda y protejan la propiedad, el fenómeno seguirá creciendo. Hernández Reche aboga por “un pacto de Estado que trascienda ideologías” y por incrementar el presupuesto público destinado a vivienda, hoy en un exiguo 0,2%. Mientras, Solé insiste en la necesidad de agilizar los desahucios y evitar que la okupación se convierta en un negocio: “No podemos permitir que se trivialice un delito que afecta a derechos fundamentales”.
En un país donde el acceso a la vivienda ya es una crisis, la profesionalización de este mercado sombrío podría ser la chispa de un problema mayor. Como resume Solé: “Lo peligroso no es solo la okupación, sino que algunos estén sacando provecho de ella”.