Andrés y José María, un año en una cárcel de Venezuela que no respeta los derechos humanos: "El precio que pida Maduro seguro que será alto"

Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Vascoida Valdovinos (35 años), ambos de Bilbao, llevan más de un año detenidos en una cárcel de Venezuela. Fueron arrestados entre el 2 y el 9 de septiembre de 2023 en Puerto Ayacucho, una zona con fuerte presencia de clanes del narcotráfico. Como se ha analizado en el programa ‘La Linterna’ de COPE con Ángel Expósito, el régimen de Nicolás Maduro los acusó, sin aportar una sola prueba, de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y de preparar el asesinato del propio dictador.

Un montaje sin pruebas

Según ha explicado el periodista Pablo Muñoz, todo apunta a un montaje de la inteligencia venezolana. Tras las detenciones iniciales, que no trascendieron, los servicios de inteligencia de Maduro vieron la oportunidad de fabricar una conspiración. Las acusaciones fueron calificadas de "ridículas", ya que ninguno de los dos ha pertenecido jamás a los servicios de inteligencia, un hecho que el CNI desmintió categóricamente desde el primer momento. Sus perfiles personales, uno fontanero y el otro en paro, tampoco se corresponden con el de agentes de élite.

Expertos en la materia señalan que la operación carece de lógica táctica. "¿Cómo van a querer matar a Maduro, que reside en la capital del país, si van primero a un lugar tan peligroso y expuesto como Puerto Ayacucho, a muchos kilómetros de distancia?", cuestionan. Un plan de ese calibre habría requerido actuar en Caracas y con armas, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo. "Ningún servicio del mundo hubiese preparado un atentado semejante", aseguran. Por su parte, los detenidos siempre han mantenido que viajaron a Venezuela únicamente como turistas, aunque se trata de una región poco habitual para esa actividad.

Propaganda para consumo interno

Las fuentes consultadas por Pablo Muñoz apuntan a que a Maduro "le importaba muy poco la falsedad de las acusaciones". El objetivo era tener un as en la manga para presionar a España en un momento de relaciones diplomáticas especialmente tensas tras las fraudulentas elecciones presidenciales. Se trataba de buscar "dos chivos expiatorios" en un montaje que, según apuntan, sigue el manual de los servicios de inteligencia cubanos, considerados "los auténticos maestros en esta materia".

El régimen venezolano puso toda la maquinaria propagandística en marcha para sostener el relato. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, compareció en televisión mostrando fotografías de los españoles y asegurando que existían "pruebas muy claras" que nunca se han hecho públicas. Con ello se buscaba apelar al orgullo nacional frente a supuestas injerencias extranjeras. Días después, el propio Nicolás Maduro insistió en llamarles "terroristas convictos y confesos", llegando a bromear con que eran "terroristas que ponen bombas en su tiempo libre".

Un secuestro de Estado

Todas las fuentes consultadas coinciden en calificar la situación como "un secuestro en toda regla". Tras el enorme despliegue mediático y la implicación del propio Maduro, el régimen no puede dar marcha atrás. Ahora, buscan cobrar un rescate, no en dinero, sino en forma de "algún favor que les haga España". Las gestiones, que ya no están en manos del CNI sino del Ministerio de Asuntos Exteriores, se antojan muy complicadas. La valoración de los expertos es clara: "El precio que pida Maduro seguro que será alto".

El precio que pida Maduro seguro que será alto"

Pablo Muñoz

Periodista

Después de más de un año, no hay noticias del proceso judicial. Los dos españoles se encuentran en la cárcel de Rodeo I, un centro penitenciario cuyas condiciones han sido denunciadas por Amnistía Internacional. En una carta enviada a las autoridades venezolanas en julio de 2024, la organización describió las condiciones de reclusión como "crueles, inhumanas y degradantes", que en ciertos casos "podían llegar a constituir tortura". La situación de los dos españoles detenidos en Venezuela es muy complicada y los intentos de mediación, como los del expresidente Zapatero, no han dado fruto.

Resulta llamativa la escasa movilización social y política que ha generado el caso, incluso en el País Vasco, de donde son originarios. Las familias mantienen un perfil discreto, confiando en las gestiones del Gobierno, y apenas han podido tener contacto con ellos, que tampoco reciben la ayuda consular necesaria. Salvo alguna iniciativa aislada como la del político del PNV Iñaki Anasagasti, el asunto "directamente ha caído en el olvido".