Otra política migratoria

La crisis provocada por el Covid ha subrayado el problema de la población migrante en situación de irregularidad administrativa. Se ha puesto de manifiesto el papel que tienen en algunas actividades económicas, especialmente en el campo. En Italia, de hecho, se ha producido una regularización importante porque se les necesita. En España el Gobierno ha concedido a los migrantes jóvenes que se incorporen al campo una autorización de residencia y de trabajo para dos años. La fórmula incluye una prórroga de otros dos, con lo que demostrarían los tres años de arraigo necesarios para regularizarse.

El hecho es que la inmensa mayoría de los migrantes en situación irregular no llegan en pateras sino con un visado de tres meses. Esperan tres años para regularizarse, en los que se da la situación paradójica de que muchos se integran en la economía sumergida pero no pueden acceder a una vivienda. No es extraño que queden a merced de las mafias. No cotizan a la Seguridad Social ni pueden acceder a los servicios públicos. No sería descabellado que aquellos que estén en España y tengan una oferta de trabajo pudieran residir regularmente de forma inmediata. Se ha argumentado que la espera de tres años en situación irregular es una forma de evitar el efecto llamada, que sin duda es un problema que hay que resolver, pero no de este modo. La crisis del Covid es una buena ocasión para cambiar una política migratoria que no ha funcionado.