Politización del Constitucional

Los argumentos jurídicos con los que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional han avalado la ley de amnistía han sido objeto de intensa polémica en las últimas horas. Y es lógico que así sea. Admitir la ley de amnistía porque no está prohibida explícitamente en la Constitución supone una nueva mutación de la Carta Magna. 

Pero más allá de los argumentos jurídicos, que son esenciales, el problema es la sospecha de que esos argumentos se han utilizado para fundamentar una decisión política que estaba tomada de antemano. La resolución, tomada por el voto de seis magistrados a favor de la constitucionalidad y de cuatro en contra, reproduce en cierto modo la mayoría en el Congreso de los Diputados. 

Una sentencia tan trascendente ha estado muy lejos de la unanimidad. El Tribunal Constitucional se convierte así en una suerte de tercera cámara legislativa y se desvirtúa su naturaleza. En nuestra Carta Magna de 1978 está concebido como un órgano independiente. Esa independencia se empezó a perder hace ya más de veinte años por el modo en el que se elige a sus miembros. 

Pero ha habido sentencias en la que magistrados, a pesar de que fueron promovidos por una determinada formación, manifestaron un criterio propio. Eso es lo que desgraciadamente se ha perdido. La politización extrema del Tribunal Constitucional supone una pérdida severa de la calidad democrática.