Un Informe sobre el apagón que reparte responsabilidades

Mientras la atención pública sigue centrada en la corrupción que afecta al entorno de Sánchez, la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado el informe sobre el apagón en la Península del pasado 28 de abril. 

La operadora Red Eléctrica, integrada en Redeia y cuya participación del 20% es del Estado, aparece como la primera responsable del cero energético. Una mala planificación del operador hizo que no se sustituyera a tiempo una de las fuentes que se había desconectado el día anterior. 

Lo único que le queda al Gobierno es exigir a la presidenta de Red Eléctrica, la socialista Beatriz Corredor, que asuma su responsabilidad y presente su dimisión. También porque el informe final recoge al menos tres afirmaciones que ha repetido Corredor por doquier y que son desmentidas. Sí hubo un problema de tensión y sobretensión, y sí hubo una falta de potencia síncrona.

Como es costumbre gubernamental, Aagesen ha aprovechado la oportunidad para culpabilizar a otros, en este caso las eléctricas privadas, y así mitigar lo referido al Gobierno. Un injusto reparto de culpas que permite no hacer lo que se debe hacer. 

El Informe descarta el ciberataque como hipótesis, la explicación causal que más utilizó de forma hipotética Pedro Sánchez en sus primeras comparecencias. Lo cierto es que el apagón produjo un importante daño reputacional a nuestro país, y revela la inoperancia en la que está sumido el Gobierno.