Ni independencia ni eficacia

El pasado domingo los electores mexicanos estaban convocados a las urnas para elegir un total de 2.681 cargos, entre jueces y magistrados. La reforma de López Obrador, única en el mundo, que ha consolidado la actual presidenta, se materializará, sí o sí, a pesar de una participación que no ha superado el 13% del electorado. La convocatoria ha sido un fiasco, pero la presidenta Sheinbaum está satisfecha y confía en que, poco a poco, el sistema podrá perfeccionarse. El Estado de Derecho no goza de buena salud en México. La impunidad roza cifras escandalosas y la connivencia de la judicatura y la clase política con el narco no es un misterio. De hecho, entre los jueces y magistrados que podían ser elegidos, los había directamente vinculados con el crimen organizado, mientras que otros carecían de las competencias profesionales adecuadas para cumplir con una función de tan alta trascendencia. La impunidad y la corrupción atraviesan el sistema judicial en México, pero ¿esta reforma corregirá sus lacras? Más bien parece que la reforma diseña un sistema a la medida de López Obrador y su saga. Hace más de treinta años, Mario Vargas Llosa definió al México del PRI como la dictadura perfecta o camuflada. Se trataba de un régimen con un partido político inamovible y hegemónico. López Obrador aprendió en las filas del PRI y anhela la politización del sistema judicial. Y para muestra, solo un botón: a partir de ahora el mandato de jueces y fiscales, si nadie lo remedia, estará unido a la duración del mandato presidencial y dependerá de su dotación financiera.