Los periódicos desmontan la propaganda del Gobierno con el bono de alquiler para jóvenes. Recuerdan este miércoles desde 'Herrera en COPE' que la música de este nuevo anuncio del Gobierno suena a eso de "promoción sujeta a condiciones".

Una ayuda de 250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros), que según destacan algunos medios como El Mundo, apenas afectará al uno por ciento de los pisos de las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona.

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Carlos Herrera: "Tiene más trucos que en una película de chinos"

REALIDAD FRENTE A PROPAGANDA

Para recibir este bono se exigen unas condiciones bastante "estrictas" y con "más trucos que una película de chinos", tal y como advertía Carlos Herrera en su monólogo de este miércoles. "Es tal la batería de condiciones que solo 70.000 jóvenes podrán solicitar la ayuda. Hay cuestiones como que el precio del alquiler de la casa completa no puede ser superior a 600 euros, a ver qué casas reúnen en Madrid o Barcelona estas condiciones, muy pocas".

Para Herrera, "estamos ante otro ejemplo más de elogio cautivador a la juventud, a la que le va haciendo pequeñas regalías, para ver si con eso se la tiene contenta" cuando a los jóvenes "hay es que darles empleo de calidad y poder entrar en el mercado de trabajo".

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COLADERO DE GASTO PÚBLICO

Una situación que no es nueva. El colaborador de 'Herrera en COPE', Jorge Bustos advierte de que ya lo hemos visto con el Ingreso Míinimo Vital, "primero el Gobierno anuncia con gran fanfarria una medida con gran sesgo populista y luego una vez que Sánchez tiene el titular encarga a sus técnicos que lo hagan posible, con lo que cuando lo consiguen la medida tiene miles de cláusulas". "Convertirla de populista en viable cuesta bastante, para que no sea un coladero de gasto público", señala el periodista.

Bustos: Convertir la ayuda de populista en viable cuesta bastante, para que no sea un coladero de gasto público

TENSA EL MERCADO, AYUDAS DIRECTAS Y SUBIDA DE PRECIOS

Y es que las ayudas directas ya se ha demostrado en ocasiones anteriores que provocan un aumento generalizado de los precios del mercado del alquiler, además de "graves discriminaciones entre los inquilinos con salarios superiores al límite máximo de ingresos fijado por el Gobierno", según ha advertido Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista.

El Estado se convierte de esta manera en "subsidiador de parte de los alquileres nacionales", pero no pone el foco en la clave para lograr un parque de vivienda en alquiler asequible.

Sindicatos como CCOO recuerdan además que si el bono joven de alquiler provoca un encarecimiento del mercado, perjudicará tanto a los beneficiarios de las ayudas como al resto de personas que busquen vivienda.

Consideran que se trata de una medida "paliativa" que no garantiza el acceso a la vivienda a este segmento de la población, además de ser una ayuda limitada en el tiempo por un plazo de dos años que no ofrece un apoyo "continuo" a la población joven a medio y largo plazo.

DECLARACIÓN DE LA RENTA

Por su parte, los técnicos de Hacienda avisan de que la cosa podría tener truco, jóvenes que por ganar menos de 22 mil euros anuales no tenían que hacer la Declaración de Renta, ahora sí tendrán que tributar por recibir más de 1.000 euros anuales de ayuda pública. Es decir, les puede salir lo comido por lo servido.

USO FRAUDULENTO

El sindicato UGT también ha manifestado sus dudas sobre su eficacia ya que aseguran que la falta de concreción en la medida podría provocar su uso fraudulento por parte de los arrendatarios.

Creen que los límites establecidos en la cuantía de la renta mensual del alquiler estimulan el incremento de los precios del mercado, y provocarán que parte de la ayuda vaya a parar a los bolsillos del arrendatario.

En este sentido, rechaza que el Gobierno venda el bono joven de ayuda al alquiler como una "medida estrella", ya que solamente beneficiará a cerca de 70.000 personas en un país con una tasa de emancipación juvenil del 14,9 %.

Afirman que las ayudas deben ayudar a frenar el alza abusiva de los precios, controlándolos con un límite de alquiler que esté basado en un tope de euros por metro cuadrado y acorde con el precio actual medio de la zona y piden también medidas restrictivas que controlen el encarecimiento del mercado, así como avanzar en un parque de viviendas público a precios mucho más ajustados para garantizar el derecho fundamental de acceso a una vivienda digna.