El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy que se tramitarán las peticiones de indulto para los condenados en el proceso independentista de Cataluña. Además, Campo explicaba que el Ejecutivo quiere reformar en el Código Penal otros delitos como el de rebelión y sedición. La intención, aseguraba, era adaptarlos a una nueva realidad social y a la normativa de otros países.

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Sobre esta posibilidad de indulto que baraja el Gobierno, Sánchez no quería oír ni hablar. El pasado 14 de octubre, el líder del Ejecutivo garantizó que los presos cumplirían de forma íntegra sus penas: “El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento”. Ahora, la situación es bien distinta. Se plantea esta idea sobre la mesa. Por eso, nos preguntamos: ¿Cuáles son los delitos que el Gobierno podría indultar a los presos del procés?

Oriol Junqueras

El 'exvicepresident' del Govern y 'exconseller' de Economía y Hacienda fue condenado a 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Según el Supremo, Junqueras tuvo un "destacado papel en el proceso que condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Constitucional y el TSJC". El exvicepresident admitió en su declaración la realidad de los hechos, aunque se escudaba en la ausencia de cualquier responsabilidad criminal.

Jordi Turull

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El 'exconseller' de Presidencia y portavoz del Govern fue condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición y malversación. Los argumentos que reflejan en la sentencia es que "intervino activamente en la concertada actuación sediciosa participando en distintas reuniones definitorias de la estrategia a seguir desde su papel parlamentario y como presidente del grupo Junts pel Sí.

Raül Romeva

El 'exconseller' de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia fue condenado a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. Su "labor" fue la de convertirse en responsable de asumir la estrategia del Govern para legitimar en todo el mundo el referéndum. Es más, Romeva llegó a afirmar que si ganaba el sí a la independencia, sería efectiva en 48 horas.

Dolors Bassa

La condena para la 'exconsellera' de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia fue de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación de fondos públicos. Según el Alto Tribunal, Bassa adoptó las decisiones para celebrar el referéndum llegando a ceder el uso de centros cívicos como locales para la votación del 1 de octubre. En la sentencia se destaca su intervención decisiva para que esos locales se utilizaran con fines ilegales.

Carme Forcadell

La 'expresidenta' del Parlament recibió una condena de 11 años y seis meses de cárcel y al mismo período de inhabilitación por sedición. Como apunte, la acusación popular llegó a solicitar 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal. Finalmente, fueron 11 años.

Joaquim Forn

El 'exconseller' de Interior fue condenado a 10 años y seis meses de prisión y al mismo período de inhabilitación por sedición, como Forcadell. Así quedaba reflejado el argumento de la decisión en la sentencia: "En todo momento ordenó su comportamiento a reconducir la interpretación de los mandatos del Constitucional a un sentido y alcance que permitiera disimular su cumplimiento con el propósito de hacer inefectivas órdenes jurisdiccionales".

Josep Rull

Para el 'exconseller' de Territorio y Sostenibilidad recayó una condena de 10 años y 6 meses de cárcel yal mismo período de inhabilitación por sedición. Tal y como apunta el Supremo "puso las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana".

Jordi Sànchez

El 'expresident' de la Asamblea Nacional Catalana fue condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. El tribunal consideró que su actuación fue necesaria y no se limitó al liderazgo de las movilizaciones multitudinarias. "Lo que motivó la actuación de Sànchez fue demostrar a la sociedad que los responsables gubernamentales y los jueves que ejercían su función constitucional habían perdido la capacidad de ejecutar sus resoluciones".

Jordi Cuixart

El 'president' de Òmnium Cultural fue condenado a 9 años de prisión y 9 de inhabilitación por sedición. El tribunal entendió que su actuación fue in crescendo. Es decir, pasó de las llamadas a la movilización legítima y a tratar de empujar a la ciudadanía a participar en el referéndum ilegal.

Meritxell Borràs

Borràs, 'exconsellera' de Gobernación, Administraciones Pública y Vivienda fue puesta en libertad. No obstante, fue condenada a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y a 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por desobediencia. Quedó absuelta del delito de malversación. La sentencia incide en que era conocedora de la existencia de un requerimiento formalmente emanado. Por tanto, "sabían de su deber de acatamiento y omitieron de forma contumaz lo que se les había ordenado".

Carles Mundó

El 'exconseller' de Justicia, como Borràs, fue puesto en libertad. Sin embargo, fue condenado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y 8 meses de inhabilitación por desobediencia. Absuelto de un delito de malversación.

Santiago Vila

El 'exconseller' de Empresa y Conocimiento fue puesto en libertad, aunque fue condenado a las penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros. Además, fue inhabilitado durante 1 año y 8 meses por desobediencia. Absoluto del delito de malversación.

Más de 100 años de condena que Moncloa podría indultar

Malversación, desobediencia o rebelión. Estos son los delitos más recurrentes entre los condenados por el 'procés' y que suman más de 100 años. Ahora, queda en manos de Moncloa que esa sentencia del Supremo siga siendo efectiva o finalmente sean indultados.

Formaciones políticas como PP o Cs ya se han pronunciado al respecto. Para el Partido Popular, estos indultos son el "precio" por los PGE. Mientras, el partido de Arrimadas ya ha anunciado que recurrirán a los tribunales esta medida.