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En plena guerra por el sí es sí se aprueba el aborto en el Congreso: los puntos calientes de la nueva ley

Los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, votarán unidos, salvo alguna posible excepción como la de Carmen Calvo a la Ley Trans

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Texto: Redacción Digital / Audio: Maribel SánchezMadrid

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 02:23

No hará falta el consentimiento de los padres cuando estas chicas tengan 16 o 17 años o si tienen incapacidad intelectual y si hay problemas con los progenitores de las menores de 16, resolverá un juez. Es uno de los aspectos más controvertidos y de los que alertan los juristas que consideran que vulneran el derecho a la protección del menor. Irene Montero verá este jueves 16 de marzo cómo la ley del aborto culmina su tramitación parlamentaria, con su aprobación definitiva por parte del Gobierno. Los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, votarán unidos -salvo alguna posible excepción como la de Carmen Calvo a la Ley Trans- ambas normativas, mientras siguen enfrentados por la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'.

Además, elimina los tres días de reflexión que tenían las embarazadas antes de someterse a un aborto. Tampoco recibirán información sobre las ayudas a la maternidad que les pudieran hacer cambiar de opinión. Recoge también el acceso gratuito a la píldora del día después. A esto hay que añadir que todas las mujeres deben tener acceso a un centro público cercano en el que se pueda abortar y será obligatorio crear un registro de objetores que garantice que haya siempre personal sanitario para esta práctica. Eso sí, la nueva ley pasa por alto que los médicos que se nieguen a hacerlo puedan ser estigmatizados y deja que cada centro elija si hace pública esta lista.



El Congreso aprobará la ley recoge en su artículo 24 que las administraciones deberán "garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo".

"Queda blindado el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo para evitar aprobar un inexplicable protocolo antiabortista para culpabilizar y tutelar a las mujeres que libre y voluntariamente deciden abortar, para evitar lo acontecido en Castilla y León y que ninguna otra CCAA intente hacer como el PP y VOX, porque las mujeres no precisamos ser tuteladas", remarcó la senadora del PSOE María Esther Carmona, durante el debate con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".

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