La Conferencia Episcopal ha mostrado este jueves su extrañeza ante la carta de la ministra Delgado sobre los abusos sexuales. Desde la CEE, han comunicado que no han recibido la carta a la que se refiere el Ministerio de Justicia y les extraña enterarse de esta noticia a través de los medios de comunicación.

La CEE ha mostrado su "sincera inquietud por las víctimas" y exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen los abusos. Las Diócesis, Congregaciones religiosas y demás instituciones eclesiales están obligadas a cumplir las normas legales y protocolos establecidos. Por ello, han puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de abusos sobre los que han tenido conocimiento.

No es la primera vez que el gobierno de Pedro Sánchez no acierta al tomar decisiones o hacer declaraciones sobre los temas que competen a la Iglesia. A continuación recordamos algunos de ellos:

 

El Vaticano desmintió al Gobierno sobre la inhumación de Franco

El Vaticano emitió el pasado mes de octubre un comunicado a través de su ex portavoz, Greg Burke, para matizar las declaraciones del Gobierno español sobre la inhumación de Franco. En dicho escrito, la Santa Sede señalaba que en la reunión que mantuvieron el Secretario de Estado, Pietro Parolin y la Vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, se transmitió que el Vaticano no se oponía a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación.

La vicepresidenta se reafirmó en que acordó con el secretario de Estado vaticano, Pietro Pasolin, que el Gobierno y la Iglesia católica van a "trabajar conjuntamente para buscar una salida a que los restos de Franco no se inhumen en la catedral de la Almudena".
 

Asignatura de Religión

En noviembre pudimos conocer la intención del gobierno sobre la asignatura de Religión. El Ministerio de Educación tiene como una de sus prioridades el cambio de la ley educativa. El ministerio,que encabeza Isabel Celaá ha focalizado como uno de sus objetivos la pérdida de valor de la asignatura de religión.

Antes de comenzar las modificaciones en la Ley, el propio ministerio envió una consulta pública a los españoles. Su objetivo, conocer qué les parecían todas las propuestas de cambio que proponía el Ejecutivo. Entre ellas, la relativa a la asignatura de Religión. Así, el gobierno de Pedro Sánchez contaría con unos datos previos, un “respaldo ciudadano” y unas cifras sobre los que escudarse.

Finalmente, el Ministerio de Educación plasmó en sus 'Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación' las bases de su política en este sector, primando la devaluación de la Religión como asignatura, eliminando el criterio social de la educación concertada y desincentivando la diferenciada.

El documento, al que tuvo acceso COPE, señalaba como medidas a tomar "dejar de considerar la religión confesional como una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato" y, en consecuencia, "evitar que la calificación que pudiera obtenerse en esta materia se tenga en cuenta en el cálculo de la media" para el acceso a la universidad o becas. Además, Educación llamaba a "organizar" la enseñanza de esta asignatura "de modo que no exista la obligación de cursar una alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".


 

Educación Concertada

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, confirmaba en septiembre que se eliminaría el criterio de la demanda social para definir la oferta de plazas de educación concertada. ¿Qué suponía esto? Como matizábamos en nuestra línea editorial, esto supone que, aunque aumente la demanda, como de hecho sucede año tras año, los centros concertados no podrán aumentar las plazas. Para ello se modificará el artículo correspondiente de la LOMCE que establecía el mencionado criterio, para hacer efectiva la libertad de educación que propugna nuestra Constitución.

“Resulta sorprendente que un Gobierno que reiteradamente alude a la necesidad de elaborar políticas que respondan a las verdaderas demandas de la gente, dé la espalda a lo que los padres solicitan para sus hijos en el ámbito educativo. Como ha recordado el Foro de la Familia, el Gobierno de Sánchez vuelve a confundir el deber del Estado de asegurar la educación para todos, con el afán por imponer su propio modelo ideológico. Al imponer un modelo concreto se apuesta por la homogeneización en lugar de por la enseñanza inclusiva de la que habla la ministra. Basta recordar el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos. Ojalá que al final la llamada al diálogo, en la que por otra parte también ha insistido la ministra, sea un ofrecimiento real que busque el beneficio de todos y no la imposición de ideologías y prejuicios”, podíamos leer en la línea editorial de COPE.