La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha confirmado hoy que se eliminará el criterio de la demanda social para definir la oferta de plazas de educación concertada. Esto supondrá que, aunque aumente la demanda, como de hecho sucede año tras año, los centros concertados no podrán aumentar las plazas. Para ello se modificará el artículo correspondiente de la LOMCE que establecía el mencionado criterio, para hacer efectiva la libertad de educación que propugna nuestra Constitución. 

Resulta sorprendente que un Gobierno que reiteradamente alude a la necesidad de elaborar políticas que respondan a las verdaderas demandas de la gente, dé la espalda a lo que los padres solicitan para sus hijos en el ámbito educativo. Como ha recordado el Foro de la Familia, el Gobierno de Sánchez vuelve a confundir el deber del Estado de asegurar la educación para todos, con el afán por imponer su propio modelo ideológico. Al imponer un modelo concreto se apuesta por la homogeneización en lugar de por la enseñanza inclusiva de la que habla la ministra. Basta recordar el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos. Ojalá que al final la llamada al diálogo, en la que por otra parte también ha insistido la ministra, sea un ofrecimiento real que busque el beneficio de todos y no la imposición de ideologías y prejuicios.