La Moncloa trata de levantar un cortafuegos y exculparse preventivamente de los efectos nocivos de su nueva legislación. El temor latente a repetir lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí', ha llevado a abonarse a la consigna según la cual "ningún ladrón saldrá de la cárcel" y a endosar cualquier responsabilidad a los tribunales.

La rebaja de la malversación está en vigor desde la medianoche de este jueves y la cascada de revisiones de casos de corrupción puede ser una realidad. Al menos, la Fiscalía ya se lo teme. En concreto, la derogación de la sedición y la modificación de la malversación, dos de los delitos que afectan a los líderes condenados por el procés, es la que provoca más polémica.

La prioridad ahora mismo del Gobierno pasa por blindarse, asumida la dificultad de defender ante la opinión pública con la reforma de la malversación a la carta para los líderes del procés, que allanará las revisiones de las penas vinculadas a la corrupción. "Hay que esperar y ver", sostienen desde las alturas del PSOE, en medio del sentimiento de rechazo en sus filas. "Se nos abre otro boquete", alertan impotentes cuadros socialistas, aunque quieren creer que el ruido terminará por diluirse y podrán vender gestión. En juego, encarar con aliento el ciclo electoral.

De cara al público

Isabel Rodríguez insistió el martes en que con la última reforma del Código Penal no se ha despenalizado ningún tipo de malversación y mostró su "confianza plena" en que en los jueces perseguirán el mismo objetivo de "no tolerar" esos comportamientos ilícitos. Recordó también que se incluyó una cláusula para evitar la revisión de condenas cuando le pena impuesto esté dentro de las nuevas horquillas que marca la reforma: "Este es un gobierno que lucha, ha luchado y luchará contra la corrupción".