El informe preliminar el Poder Judicial sobre la reforma de la ley del aborto impulsada por Irene Montero -y que previsiblemente el Congreso aprobará antes de que acabe el año- critica varios de sus ejes centrales. Así cuestiona la eliminación del consentimiento paterno para que las menores puedan abortar o la supresión del periodo de reflexión obligatorio.

Los miembros del Consejo tienen ya el informe de dos de sus ponentes en el que de entrada aseguran que el Gobierno "no explica convenientemente" las reformas que hace respecto a la actual ley del aborto, vigente desde hace más de una década. Advierte que suprimir la obligación del consentimiento paterno para las menores que quieran interrumpir su embarazo "dificulta los deberes" que conforman la patria potestad como la orientación o el consejo. Y añade que "por imperativo constitucional" los progenitores deben prestar asistencia a sus hijos durante su minoría de edad.

No se queda ahí el informe. Reprocha la supresión del periodo de reflexión obligatorio de tres días porque "es necesario", dice, para decidir 'de forma consciente y meditada' sobre el aborto. Y no olvida esa baja laboral menstrual abanderada por la ministra de Igualdad. Recuerda que ya hay bajas por enfermedad común y que la nueva normativa puede provocar efectos contrarios a los deseados como la estigmatización porque se conocerá porque una mujer se ausenta de su puesto de trabajo.

Tres son los ejes centrales que cuestiona este informe. De entrada cree que el Gobierno 'no explica convenientemente' las reformas que hace a la actual ley del aborto. En segundo lugar apunta a que suprimir la obligatoriedad del consentimiento paterno para que las menores aborten "dificulta los deberes" de la patria potestad como el consejo o la orientación. Aquí desliza que la Constitución fija que los progenitores deben prestar asistencia a sus hijos mientras sean menores de edad. En tercer lugar reprocha que se elimine el periodo de reflexión obligatorio de tres días. El texto apunta a que "es necesario" para que una mujer decida 'de forma consciente y meditada' sobre el aborto. Y en este punto añade que quitar el sobre que toda mujer recibe ahora con información sobre ayudas a la maternidad la 'priva' de su acceso a la información.

Las críticas también alcanzan a una de las banderas de la ministra de Igualdad: la baja laboral por reglas dolorosas. Recuerda que ya hay bajas por enfermedad común y que con la nueva ley se puede estigmatizar a una mujer porque se sabrá porque no acude a su puesto de trabajo.

El informe, ya en manos de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, será analizado en pleno el 22 de diciembre. El calendario corre en su contra porque el Pleno del Congreso prevé aprobarla antes de que acabe el año.

Todos los miembros del Poder Judicial tienen ya este informe elaborado por una vocal del ala considerada progresista y otra de la parte conservadora que es muy crítico con la reforma de la actual ley del aborto de la que Irene Montero ha hecho una de sus banderas.

Critica que se suprima la obligatoriedad del consentimiento paterno para que las menores aborten. Consideran que la Constitución fija que todo progenitor debe asistir a sus hijos y que la nueva norma dificulta los deberes que conforman la patria potestad.

El informe reprocha que se elimine el periodo de reflexión obligatorio de tres días o el sobre que toda mujer recibe con información de ayudas a la maternidad. Apunta a que los tres días son necesarios para tomar una decisión consciente y meditada como es abortar y que se priva de información a aquella mujer que quiera interrumpir su embarazo.

No olvida tampoco esa baja laboral por reglas dolorosas. Recuerda que ya existen bajas por enfermedad común y que con esta ley se podrá generar el efecto contrario al deseado porque se sabrá porque la mujer se ausenta de su puesto de trabajo.

El informe será analizado en el pleno del órgano de gobierno de los jueces del día 22 de diciembre.