Hacienda alerta a pymes y autónomos: hasta 150.000 euros de multa si no cumplen con este requisito desde julio

Desde el 1 de julio de 2025, todos los programas de facturación en España deben adaptarse a los nuevos requisitos de la Ley Antifraude, incluyendo obligatoriamente la capacidad técnica para integrar Verifactu, el sistema de envío automático de facturas a la Agencia Tributaria. Aunque en esta fase inicial la obligación recae solo sobre los fabricantes de software, las empresas y autónomos deberán adaptarse antes de 2026 si no quieren exponerse a sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros.

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Este nuevo marco legal marca un punto de inflexión en el control tributario de autónomos y pymes, y forma parte del proceso de digitalización que Hacienda impulsa para reducir el fraude fiscal. La medida no es solo un aviso para los desarrolladores: quienes usen software no adaptado también se arriesgan a ser sancionados dentro de muy poco.

El núcleo del cambio es Verifactu, un sistema que permite a los programas de facturación remitir automáticamente las facturas a la Agencia Tributaria. Aunque su uso sigue siendo voluntario, su implementación técnica es obligatoria desde este mes de julio para todos los proveedores de software. El objetivo es claro: lograr un control fiscal en tiempo real, detectar irregularidades al instante y prevenir alteraciones en los registros contables.

La normativa establece que el sistema debe enviar los datos en formato XML con validaciones automáticas y control de frecuencia, muy similar al Sistema Inmediato de Información (SII), ya utilizado por grandes empresas, o al modelo TicketBAI, en vigor en el País Vasco. Sin embargo, a diferencia de estos, Verifactu aún no es obligatorio para los autónomos, aunque su generalización es cuestión de tiempo.

Los programas deberán garantizar la inalterabilidad y trazabilidad de las facturas, e incluir una certificación visible dentro del sistema informático que asegure el cumplimiento legal. Esto supone, de facto, el fin de las facturas hechas con hojas de cálculo o software sin homologar. Cualquier intento de modificación de una factura quedará automáticamente registrado, y los programas no certificados no podrán seguir comercializándose.

Sanciones desde 2026, pero vigilancia desde ya

La legislación da cierto margen a los usuarios finales: las empresas tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para adaptarse, y los autónomos personas físicas hasta el 25 de julio de ese mismo año. Pero la vigilancia ya ha comenzado. La Agencia Tributaria ha activado el control desde este mismo mes, con la mirada puesta en los desarrolladores y distribuidores de software, que se enfrentan a multas de hasta 150.000 euros por ejercicio y por tipo de producto.

Las sanciones para usuarios serán también severas. Utilizar un sistema de facturación no certificado podrá acarrear multas de hasta 50.000 euros, incluso si no hay fraude demostrable, y hasta 150.000 euros si se incumple la norma de forma reiterada.

Adaptarse no es gratis. Los nuevos programas tienen un coste mensual que oscila entre 20 y 100 euros, en función de las funcionalidades que incluyan. Muchos de ellos ya ofrecen integración con Verifactu y se están actualizando para cumplir con el reglamento. Los autónomos que utilicen herramientas propias o gratuitas deberán cambiarlas o actualizarlas cuanto antes.

Este cambio normativo se enmarca en una reforma más amplia, alineada con la Ley Crea y Crece, que establece la facturación electrónica obligatoria en todas las operaciones empresariales y que comenzará su implantación de forma progresiva también en 2025. Puedes consultar los detalles sobre esta ley en la web oficial del Ministerio de Economía.

Queda claro que no se trata de una recomendación, sino de una obligación con fechas muy concretas. Y aunque el calendario dé un pequeño respiro a las pymes y autónomos, el reloj ya está en marcha. La digitalización fiscal ya no es una opción: es una exigencia legal.