Consumo impone una multa récord de 64 millones de euros a Airbnb por por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción histórica de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb. Según ha comunicado este lunes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la multa responde a la publicación de anuncios de alojamientos que carecen de la licencia obligatoria y a otras prácticas comerciales desleales, en una resolución que ya es firme y agota la vía administrativa.

El origen de la sanción se encuentra en un total de 65.122 anuncios que infringían la normativa de consumo. La investigación, cuya información ha sido facilitada por Europapress, ha concluido que la compañía ha incurrido en varias prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.

Las infracciones detectadas

La principal irregularidad ha sido la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las normativas autonómicas que exigen mostrar el número de registro en toda publicidad. Además, Consumo ha detectado anuncios que utilizaban números de licencia falsos o incorrectos y otros que omitían información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que se considera publicidad engañosa.

Por estas prácticas, se ha impuesto una sanción por infracción grave de 64.055.311 euros, una cifra que, según el Ministerio, equivale a "seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb. La resolución también incluye dos sanciones accesorias que obligan a la empresa a eliminar los contenidos ilícitos y a hacer pública la multa recibida. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado la orden de retirada de anuncios dictada por el Ministerio.

Sanciones adicionales

Junto a la multa principal, el expediente sancionador detalla otras tres infracciones. La primera es por incumplir el régimen de contratos celebrados a distancia al no informar sobre la personalidad jurídica del anfitrión, calificada como leve y con una multa de 10.000 euros. La segunda, también leve y con la misma cuantía, es por obstrucción a la labor inspectora, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de información. Finalmente, se ha añadido una sanción grave de 55.000 euros por incumplir las medidas provisionales dictadas durante la tramitación del expediente.

La vivienda como prioridad

Estas actuaciones se enmarcan en el objetivo del ministro Pablo Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país. En este sentido, el Ministerio ha recordado que también mantiene abiertos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas.

Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares"

El ministro Bustinduy ha declarado que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares". Además, ha subrayado con contundencia que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".