¿Qué riesgo corre Santos Cerdán si acude a platós de televisión?: "Si inicia una ronda mediática es porque está lanzando mensajes a gente que pueda estar involucrada; es una forma de presionar y advertir"

La reciente salida de prisión de Santos Cerdán ha generado un intenso debate público y mediático. En el programa 'El Cascabel' de TRECE, los magistrados Ignacio González Vega y Jesús Villegas han analizado las claves de esta decisión judicial y las posibles estrategias de defensa que se abren a partir de ahora, incluida la posibilidad de una gira por los medios de comunicación.

La prisión provisional, a debate

El magistrado Jesús Villegas ha explicado que la puesta en libertad de Cerdán, aunque genere extrañeza en parte de la opinión pública, responde a la lógica judicial. Según Villegas, la prisión provisional es una medida "meramente instrumental" para evitar la fuga o la destrucción de pruebas. Una vez que la investigación de la UCO ha recopilado el material esencial, "mantenerlo privado en libertad no tiene sentido". No obstante, el auto del juez mantiene medidas cautelares como la retirada del pasaporte para mitigar un "pequeño resquicio a la posibilidad de una fuga".

Por su parte, Ignacio González Vega ha añadido un matiz técnico crucial: la ley establece un plazo máximo de seis meses para la prisión preventiva destinada a evitar la destrucción de pruebas, plazo que estaba a punto de expirar en diciembre. Además, ha recordado que los informes policiales "no son la prueba, deben de ser objeto de prueba" en el juicio oral, donde se deberán acreditar todos los extremos. "Quien, en última instancia, deberá de valorar los diferentes medios probatorios que se practiquen en el plenario" es el tribunal, ha subrayado.

El riesgo de un 'tour' mediático

Ante la posibilidad de que Santos Cerdán inicie una ronda de entrevistas, ambos expertos han mostrado sus reservas. González Vega ha sido tajante al afirmar que no lo recomendaría como abogado: "Si el acusado hace uso de su palabra en los platós de televisión, se expone a que puede decir cosas que resulten contrarias a su derecho de defensa". Ha insistido en que "a quien hay que convencer es al tribunal, no a la sociedad".

Jesús Villegas ha ido un paso más allá, sugiriendo que esta estrategia no tendría como destinatario al tribunal, sino a "otras personas". Ha comparado esta técnica con la de un famoso abogado francés que creaba un "juicio paralelo al margen de los tribunales". En su opinión, si Cerdán aparece en los medios, podría estar "lanzando mensajes a otras personas, a políticos, a gente que pueda estar involucrada".

Villegas cree que sería "una forma de presionar y de lanzar mensajes crípticos que posiblemente nosotros no entendamos, pero que lleven una amenaza implícita, unas advertencias hacia otras personas".

El futuro judicial de Ábalos y Koldo

La conversación también ha abordado la situación de José Luis Ábalos y Koldo García, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado para ellos penas de 24 y 19 años de cárcel. González Vega ha explicado que, ante penas tan elevadas, "es normal y es habitual que el ministerio fiscal solicite que se celebre una nueva comparecencia" para revisar las medidas cautelares, al aumentar el riesgo de fuga.

Sin embargo, el magistrado ha matizado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prioriza las circunstancias personales, y en este caso parece que los acusados tienen un "arraigo acreditado" en España, lo que "parece difícil que traten de eludir la acción de la justicia". Sobre si el aforamiento ha beneficiado a Ábalos, González Vega ha desvinculado esta condición de la situación personal y ha recordado que ser aforado "tiene sus desventajas", como la ausencia de una segunda instancia judicial.

Finalmente, respecto a una hipotética citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo, Jesús Villegas ha sido claro: "¿Es el momento de llamar al presidente del gobierno? Yo creo que no". Considera que todavía "no tenemos indicios" ni "evidencias suficientes" para dar ese paso. Por su parte, Ignacio González Vega ha diferenciado las "responsabilidades políticas" de las "responsabilidades judiciales", advirtiendo que inferir la participación del presidente a partir de sus colaboradores sería "dar un salto al vacío".