Juan Luis Galiacho, director de 'elcierredigital.com', ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el informe que pudo causar el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. El documento forma parte de la investigación ordenada por la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la responsabilidad de varios altos cargos del Gobierno en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El director de 'elcierredigital.com' ha indicado que en el informe de la Guardia Civil "se indica textualmente que desde enero el Gobierno conocía perfectamente la crisis sanitaria y los que nos venía encima a los españoles".

De las 83 páginas del informe, ha señalado Galiacho, "hay tres que son demoledoras y acusatorias contra el delegado del Gobierno, el señor [José Manuel] Franco. No creo que tenga escapatoria después de leer esas tres páginas del informe". En concreto, ha indicado el periodista, allí se indica que "la Delegación del Gobierno conocía perfectamente el problema sanitario y el peligro que había y que intentó llamar por teléfono para intentar convencer a los propios organizadores de que enviaran un mail a la Delegación para que fuera la organización quien prohibiera la marcha".

Galiacho también ha explicado que el informe habla de un "diferente trato" dispensado a distintos colectivos como los evangelistas, los pensionistas de San Sebastián de los Reyes o al sindicato CGT, que vieron paralizados sus actos, con respecto a la manifestación del 8M, a los que "no se les dijo absolutamente nada". Tal y como ha explicado el presentador de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, uno de los casos más sonados al respecto fue el de un congreso de evangelistas a los que Fernando Simón y Salvador Illa dijeron que "había un riesgo considerable" y que "no podían celebrar su congreso" por "estar en una pandemia".

Además, para Galiacho, "el papel de Fernando Simón sale mal parado" como responsable del Centro de Alertas Sanitarias, no solo en el asunto de la autorización del 8M, sino también en la gestión de la crisis en las residencias de mayores. De hecho, ha afirmado Galiacho, la Fiscalía Anticorrupción tiene puesta ya una denuncia por varios particulares sobre este tema.