Ábalos se aferra a su escaño desde la cárcel y pone en jaque la mayoría del Gobierno: "Si el bloqueo persiste, el Tribunal Constitucional podría obligar a disolver las Cortes"

La decisión de José Luis Ábalos de mantener su acta de diputado desde la prisión de Soto del Real ha generado un escenario sin precedentes en la democracia española. Para analizar sus implicaciones, Manuel Fernández-Fontecha, letrado de las Cortes Generales, ha intervenido en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde ha explicado las consecuencias de esta situación. Según el experto, la Constitución otorga una protección relativa al representante, compatible con la acción judicial, pero el reglamento del Congreso distingue entre una pérdida de la condición de diputado, que es muy restringida, y una suspensión como la actual.

Derechos suspendidos, pero no el escaño

Al mantener el acta, aunque sea en situación de suspensión, José Luis Ábalos pierde una parte sustancial de sus prerrogativas. Fernández-Fontecha ha aclarado que, por aplicación directa del artículo 21 del reglamento del Congreso, el diputado suspendido pierde “todos los derechos económicos y los derechos orgánicos más importantes”. Esto incluye su salario, que ascendía a unos 5.500 euros netos al mes, y sus derechos a “asistir, intervenir y votar” en las sesiones parlamentarias.

Sobre la posibilidad de que Ábalos pueda solicitar una indemnización por cese, el letrado ha sido tajante, calificando de “errónea” la información aparecida en algunos medios. “La indemnización se produce por transición o por cese, en ambos casos exige, bien la disolución de la cámara, bien la pérdida de la condición de miembro de las Cortes Generales”, ha señalado. Por tanto, la suspensión no da derecho a reclamarla, aunque podría considerarse una “expectativa de derecho” a futuro. “La suspensión no supone la pérdida de la condición de las cortes generales, esto es muy importante”, ha insistido Fernández-Fontecha.

Un voto que lo cambia todo en el Congreso

La consecuencia más inmediata y de mayor calado político es la alteración de las mayorías en la Cámara Baja. La suspensión de Ábalos elimina un voto, lo que el experto describe como una “anomalía”. Este hecho afecta tanto a la mayoría absoluta (fijada en 176 de 350 diputados) como a la mayoría simple en votaciones ordinarias. Fernández-Fontecha ha ilustrado el impacto con un ejemplo práctico: un posible empate a 171 votos si Junts se abstuviera en una votación clave, un resultado que con el voto de Ábalos sería de 172 a 171 a favor del Gobierno.

El letrado ha recordado que el reglamento del Congreso establece que, en caso de empate, la votación debe repetirse hasta tres veces y, si persiste la igualdad, “se entiende desechada la iniciativa”. Esta situación es especialmente crítica en la actual legislatura. “Estamos hablando del impacto de una decisión como la que se ha producido hoy en una cámara en que las posiciones están absolutamente pegadas”, ha subrayado, remarcando que la aritmética parlamentaria ya no es la misma que surgió de las elecciones.

El bloqueo institucional como horizonte

Finalmente, Fernández-Fontecha ha abordado el problema de fondo que esta situación pone de manifiesto: la pérdida de la confianza parlamentaria, esencial en un régimen parlamentario puro como el español. La incapacidad para sacar adelante leyes fundamentales, como los presupuestos, puede llevar a un bloqueo de funcionamiento. En este contexto, ha afirmado que la facultad del presidente del Gobierno para disolver las Cortes, recogida en el artículo 115 de la Constitución, puede convertirse en una “obligación”.

El experto ha recordado que ya existen dos precedentes, en 1995 y 2019, en los que un presidente del Gobierno disolvió las cámaras tras perder la votación de una enmienda a la totalidad a los presupuestos. En su opinión, una parálisis institucional de este calibre podría incluso llevar al Tribunal Constitucional a intervenir para forzar una disolución, ya que la ausencia de presupuestos “daña a la comunidad política y social” y afecta a funciones esenciales del Estado, como la aprobación de tratados internacionales.