Trafico multa con 500 euros a los viajeros que regresen de Marruecos con este documento en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue sin reconocer los carnets de conducir expedidos en Marruecos para residentes legales en España, una política que ha dejado a miles de ciudadanos marroquíes en un limbo administrativo y económico. La consecuencia más inmediata: multas recurrentes de 500 euros para quienes, pese a tener años de experiencia al volante en su país, son tratados como conductores sin permiso en España.

La medida, vigente desde 2004, surgió para frenar un "coladero" de carnets falsos o comprados, pero hoy es un obstáculo para la integración laboral de una comunidad que supera el millón de personas.

 Un problema antiguo con Marruecos

El conflicto no es nuevo. En 2004, España suspendió la convalidación automática de permisos marroquíes tras detectarse un flujo masivo de carnets falsificados o obtenidos irregularmente. Según fuentes de la DGT, en aquel momento era común que marroquíes nacionalizados españoles viajaran a su país de origen para "comprar" el permiso y luego convalidarlo en España con trámites simplificados. Incluso algunos españoles sin vinculación con Marruecos aprovechaban la flexibilidad del sistema marroquí para obtener el carnet sin examen.

Para cerrar esta vía de fraude, la DGT estableció que solo se reconocerían los carnets expedidos antes de que el titular fijara su residencia en España. Además, exigió que los conductores se examinaran en el país donde residen legalmente. Sin embargo, esta norma choca con una realidad: muchos marroquíes, especialmente los mayores o con baja alfabetización, no pueden superar el examen teórico en español. "No es justo que nos multen por conducir con nuestro carnet válido en Marruecos. Sin él, no podemos trabajar en el campo o el transporte", denuncia Karim, un manifestante que acumula multas por 8.000 euros desde 2004.

 500 euros por circular "sin permiso"  

La DGT permite a los turistas marroquíes conducir en España con su carnet original, pero los residentes legales deben convalidarlo. Quienes no lo hacen —ya sea por desconocimiento, dificultades idiomáticas o rechazo a repetir exámenes— son sancionados con 500 euros cada vez que son interceptados. Para muchos, esta cifra equivale a medio sueldo mensual. Nawal, una trabajadora agrícola en Almería, lo resume así: "Voy a ganar 50 euros y vuelvo con una multa de 500. Es una burla".

Las protestas se han multiplicado. El 31 de enero de 2025, cientos de marroquíes se concentraron frente a la sede de la DGT en Madrid y la Embajada de Marruecos, exigiendo una solución. Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), reclama que se permita el canje directo o, al menos, que el examen se limite a la prueba práctica: "El teórico es una barrera insalvable para quienes no leen español".

 Diplomacia y seguridad vial en conflicto  

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El tema ha escalado hasta la diplomacia. En 2025, el presidente Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI discutieron la posibilidad de reconocer los carnets de transportistas marroquíes para paliar la escasez de conductores profesionales en España. No obstante, la DGT ha bloqueado el avance, alegando riesgos para la seguridad vial. Marruecos tiene una tasa de siniestralidad tres veces mayor que la española (3.500 muertes anuales frente a 1.145), y sus conductores no están familiarizados con normas europeas como el tacógrafo digital.

Por su parte, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) advierte: "Convalidar carnets sin garantías pondría en peligro las carreteras. En Marruecos no se exige formación en sistemas de frenado o gestión de carga como aquí".

Así, en mayo de 2025 el Gobierno lanzó una plataforma digital para agilizar el canje de permisos con 20 países, incluido Marruecos. Sin embargo, el sistema sigue requiriendo verificación del carnet original y, en algunos casos, pruebas psicotécnicas o prácticas. Para los afectados, es un parche insuficiente. "Necesitamos que se respete nuestro derecho a trabajar", insiste Yacoubi. Mientras, la DGT mantiene su discurso: la seguridad vial no es negociable.