"Un trabajador sólo puede aportar 1.500 euros al año a su plan de pensiones pero tampoco quiere que lo haga el empresario por él, eso es cobrar su sueldo en diferido"

Mientras Bruselas recomienda a países como España incentivar los planes de pensiones privados como un plus de ahorro para no depender exclusivamente de la pensión estatal, el Gobierno ha optado por el camino contrario. Una de las medidas más polémicas ha sido la limitación de las aportaciones individuales a un máximo de 1.500 euros anuales, una cifra muy inferior a los 8.000 euros permitidos hace unos años. Esta decisión, que según los expertos ha desincentivado la inversión, ha sido analizada por el economista y experto en pensiones, Enrique Devesa, en el programa 'Mediodía COPE' con Ángela Sánchez.

El plan del Gobierno no cuaja

Como alternativa, el Ejecutivo ha intentado impulsar los planes de pensiones de empresa, pero la estrategia no está dando los frutos esperados. Según explica el economista, el modelo se ha fiado a que sea el empresario quien realice las aportaciones para el trabajador. Sin embargo, la realidad es que "muchas veces los empresarios, incluso los trabajadores, prefieren cobrarlo en forma de salario inmediato, no en forma de salario diferido". Para Devesa, esperar una gran respuesta de los empresarios con este modelo es "desconocer cuál es la situación actual del sistema laboral".

Dejar en manos de los empresarios los planes de pensiones es desconocer la situación actual del sistema laboral"

Enrique Devesa

Economista

El problema, señala Devesa, es que los incentivos fiscales para que las compañías hagan estas aportaciones no son lo suficientemente atractivos. Esta falta de estímulos provoca que la adopción de estos planes sea muy limitada, especialmente en el segmento empresarial más grande del país.

El tejido empresarial, un obstáculo

El principal inconveniente del modelo reside en la estructura del tejido productivo español. Las grandes empresas pueden tener más facilidad para asumir el coste de estas aportaciones, pero la realidad es muy distinta para la mayoría. "Casi el 90 por 100 de los trabajadores están en empresas pequeñas o medianas, y eso es el principal inconveniente", afirma el experto.

Estas pymes no se pueden permitir, en su mayoría, un aumento del coste salarial para destinarlo a los planes de sus empleados. Esto crea un callejón sin salida: si la empresa no aporta al plan de empleo, el trabajador por su cuenta solo puede destinar los exiguos 1.500 euros anuales a su plan individual, mermando drásticamente la capacidad de ahorro a largo plazo para la jubilación.

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Un sistema público insostenible

Este revés a los planes privados se enmarca en un contexto de máxima tensión para el sistema público. El gasto en pensiones ya supone un 12 % del PIB y las proyecciones indican que superará el 17 % para el año 2050 debido al envejecimiento de la población. Enrique Devesa advierte que mantener el ritmo de gasto actual obligará a tomar decisiones difíciles. "Vamos a tener que dedicar 4 puntos menos de PIB a otras cosas", explica.

El economista plantea la pregunta clave que la sociedad debe responder: "¿estamos dispuestos a que no mejore tanto la educación, la sanidad, la dependencia, el transporte? Porque queremos pagar unas pensiones que, en algunos casos, son bastante elevadas en comparación con los salarios que hay". Al final, concluye, es un "problema de suma cero": si se dedica más a pensiones, se podrá dedicar menos a otras áreas clave del Estado de Bienestar.