Luisa González, médico contraria a la lista de objetores de conciencia: "Es un control por parte del Estado que vulnera los derechos de los médicos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo central llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por no entregar el registro de objetores de conciencia frente al aborto. Según el Gobierno, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaría vulnerando este derecho al no facilitar dicho listado. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el derecho a la objeción "no puede colisionar con el derecho a las mujeres a abortar en la sanidad pública", acusando a Ayuso de buscar un "enfrentamiento directo con las mujeres".

Un registro contrario a los derechos fundamentales

Ante esta situación, los profesionales sanitarios han manifestado su profundo rechazo. En el programa 'Mediodía COPE', la doctora Luisa González, experta en ética sanitaria, ha declarado que no se inscribiría en una lista de objetores. González argumenta que "este registro es completamente contrario a la libertad profesional, a la libertad de conciencia, es un control por parte del estado que vulnera los derechos fundamentales de los profesionales médicos".

Para la experta, esta medida no solo "degrada éticamente" el sistema sanitario, sino que también afecta a la confianza con los pacientes y entre compañeros. Lo define como un "control ideológico" impropio de un sistema democrático, donde, según sus palabras, la conciencia no debe ser monitoreada. "Es un control ideológico que ya habíamos superado, propio de otras épocas", ha sentenciado González antes de afirmar que "en democracia, la conciencia no se ficha".

En democracia, la conciencia no se ficha"

Luisa González

Médico y experta en ética sanitaria

Los sanitarios se sienten "completamente señalados" y no comprenden por qué se debe registrar a quienes deciden no realizar procedimientos que no consideran terapéuticos. La doctora González ha recordado que el Código de Deontología Médica de España, actualizado en 2022, y las directrices de la Asociación Médica Mundial amparan esta postura. "El médico no debe proporcionar un tratamiento que no considera indicado y no debe proporcionar la muerte del paciente en ninguna circunstancia", ha explicado, citando los principios éticos que rigen la profesión desde hace milenios y que fueron refrendados tras los abusos del nazismo en el código de Nuremberg.

Un fin discriminatorio

Luisa González ha propuesto una alternativa que considera más lógica y eficaz para organizar la prestación: registrar a los profesionales que sí están dispuestos a practicar abortos. Según ella, hacer lo contrario "vulnera el derecho a la objeción de conciencia reconocido por la Carta Europea de Derechos Fundamentales y por la Constitución Española". En este sentido, ha recordado que el artículo 16 de la Carta Magna establece que "nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología o sobre sus creencias".

Consultada sobre la insistencia del Gobierno en obtener estos registros, la experta lo atribuye a una intencionalidad muy clara. "Claramente, tiene un fin discriminatorio", ha aseverado. Aunque la ley garantiza la confidencialidad, González advierte que esta medida "da pie a discriminaciones" y puede perjudicar a profesionales con contratos temporales o interinos, que podrían no ser renovados si figuran como objetores. Además, "boicotea la posibilidad de promoción, de ascensos a jefaturas de servicio".

Claramente, tiene un fin discriminatorio"

Luisa González

Médico y experta en ética sanitaria

El Gobierno, según González, busca "controlar a la profesión médica, señalando a aquellos que no estén dispuestos a practicar lo que ellos por ley indican y que es contrario a toda ética médica". Ha recordado que esta situación se repite con otras normativas, como la ley de la eutanasia, que también exige un registro de objetores. Califica estas leyes de "inquisitivas, discriminatorias, controladoras" y ajenas al "estilo democrático, de libre ejercicio profesional".

El derecho a la información de la mujer

La experta en ética sanitaria también ha criticado el rechazo del Gobierno a que se informe a las mujeres sobre las consecuencias del aborto, llegando a negar el síndrome postraumático. Para González, es "absolutamente degradante hacia la mujer el prohibir que se le informe". "Es como decir, bueno, en esto tienes que actuar como si fueras tonta. No te vamos a contar alternativas, no te vamos a informar con una ecografía sobre el estado que tiene el feto", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que la supresión del período de reflexión obligatorio parece indicar un "afán" por acelerar el proceso. La doctora ha concluido mostrando su preocupación por el endurecimiento progresivo de la ley del aborto en sus 40 años de vigencia, en un país donde se practican cerca de 108.000 abortos cada año. "Parece que quieren fomentar el aborto", ha reflexionado, en lugar de ofrecer otras opciones y apoyos a la mujer.