La Iglesia, ante la crisis de la vivienda: "Es un problema de país, nos ponemos a trabajar en lo que buenamente podemos hacer"

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal problema para la ciudadanía en España, según los últimos datos del CIS. Ante un déficit de más de 700.000 unidades y una oferta insuficiente, la Iglesia ha decidido actuar y ha puesto sus bienes a disposición de las administraciones para la promoción de vivienda social. En Cataluña, este compromiso se ha materializado en un acuerdo firmado por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Un protocolo para la cesión de uso

El acuerdo consiste en un "protocolo de actuación" para la cesión temporal de bienes propiedad de la Iglesia, que en estos momentos no se utilizan por diversas causas, como la falta de financiación. "Siempre se conserva la propiedad", ha aclarado Planellas, destacando que el objetivo es que el gobierno catalán pueda promover viviendas de carácter social en estos inmuebles. La iniciativa abarca desde solares hasta antiguas casas rectorales en desuso, aprovechando la "gran capilaridad" de la Iglesia en el territorio, con presencia en más de 900 municipios.

Tras la firma del protocolo general, cada diócesis elaborará una lista con los bienes inmuebles concretos. Posteriormente, una comisión de expertos, formada por cinco miembros de la Iglesia y cinco de la Generalitat, evaluará cada bien para definir un contrato particular. Este contrato especificará las condiciones de la cesión, que podría extenderse por "30, 40 o 50 años", dependiendo de la inversión y la actuación necesarias en cada caso.

Un "problema de país"

El arzobispo de Tarragona ha subrayado que esta iniciativa no solucionará la totalidad del déficit habitacional, pero es la aportación que la Iglesia puede realizar. "El problema de la vivienda es un problema de país", ha afirmado Planellas, y ha añadido que la solución llegará cuando "todas las instituciones se pongan cartas en el asunto". En este sentido, la Generalitat se encargará de realizar las inversiones necesarias para la rehabilitación de los edificios y de gestionar los posibles cambios de uso requeridos, una tarea que simplifica los trámites para la Iglesia.

Planellas también ha señalado que este modelo de colaboración público-privada podría ser "exportable" a otras comunidades autónomas. Para ello, sería necesario que las diócesis llegaran a acuerdos similares con sus respectivos gobiernos autonómicos, siempre bajo un protocolo general que proteja los bienes y establezca los procedimientos a seguir para cada inmueble.