La Iglesia catalana y la Generalitat se alían para destinar patrimonio eclesiástico a vivienda social

La Generalitat de Catalunya y la Iglesia catalana han formalizado un acuerdo histórico destinado a combatir la crisis de la vivienda. Este pacto tiene como principal objetivo movilizar patrimonio inmobiliario eclesiástico para destinarlo a vivienda de alquiler social. 

La iniciativa surge como una respuesta directa a la creciente dificultad en el acceso a la vivienda, una problemática que, según datos aportados por la Iglesia, afecta de alguna manera a casi un 25 % de la población, con un impacto especialmente severo en los jóvenes que intentan desarrollar su proyecto de vida.

Un problema de país que exige unidad

El acuerdo ha sido presentado no como una solución aislada del Govern, sino como una respuesta conjunta de la sociedad catalana. El presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha manifestado que la unanimidad de todos los obispos de las diócesis catalanas respalda esta acción. La visión es clara: "el problema de la vivienda es un tema de país, no es un tema meramente del Govern".  Esta perspectiva subraya la necesidad de que todas las instituciones, públicas y privadas, se impliquen en la búsqueda de soluciones a una de las mayores preocupaciones sociales.

Desde la Conferencia Episcopal Tarraconense hacen un llamamiento a la cooperación por encima de las divisiones. "En lugar de hacer una política polarizada, deberíamos sumar y unirnos", ha dicho Joan Planellas. 

Este espíritu de colaboración es, según sus impulsores, la única vía para abordar con eficacia un desafío de tal magnitud. La firma de este acuerdo se convierte así en un gesto tangible de esta voluntad de remar en la misma dirección, poniendo los recursos disponibles al servicio de la ciudadanía más vulnerable.

El problema de la vivienda es un tema de país, no únicamente del Govern"

El patrimonio eclesiástico como bien público

Uno de los pilares de este acuerdo reside en la concepción del patrimonio de la Iglesia como un activo con una finalidad social. La institución gestiona una parte muy significativa del legado histórico y arquitectónico, que se estima en torno al 75 % del patrimonio catalán. Se ha enfatizado que estos bienes no tienen un propósito lucrativo, afirmando que "no podemos vender una iglesia o cualquier bien patrimonial para un fin de lucro en absoluto". Por el contrario, la misión es conservarlo y ponerlo al servicio de la comunidad.

La Iglesia reconoce que afronta un "déficit" para poder restaurar y mantener adecuadamente todo este patrimonio. Por ello, este convenio ofrece una doble oportunidad: por un lado, se avanza en la rehabilitación y conservación de edificios de valor y, por otro, se les dota de una función social fundamental. 

El potencial es enorme, considerando las más de 2.000 parroquias y las propiedades de otras congregaciones e instituciones religiosas que podrían adherirse al proyecto y reconvertir espacios en desuso en hogares.

Tenemos que ponerlo al servicio de nuestra sociedad y al servicio del país"

Un modelo de colaboración flexible 

El acuerdo se ha diseñado como un protocolo marco, lo que le confiere una gran flexibilidad. No impone una solución única, sino que sienta las bases para que cada diócesis o instituto religioso desarrolle acciones concretas adaptadas a sus circunstancias y a las necesidades de su entorno. Esta aproximación permitirá que las soluciones sean personalizadas y efectivas, aprovechando el conocimiento que cada entidad tiene del territorio en el que opera.

La capilaridad de la estructura eclesiástica se presenta como una de sus grandes fortalezas. El acuerdo está abierto a todas las instituciones que forman parte de la Unió de Religiosos de Catalunya, lo que multiplica su alcance potencial por todo el territorio. 

Esta red permite llegar a pequeñas localidades y a barrios donde otras políticas de vivienda a gran escala tienen dificultades para penetrar, garantizando una distribución más equitativa de los recursos y las oportunidades.

El acto de la firma, que ha contado con la presencia del President de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territorio, Silvia Paneque, y el conseller de Justicia, Derechos y Memoria, Ramon Espadaler, ha sido calificado como el primer paso de un proceso de trabajo conjunto. 

Representa el comienzo de una colaboración estratégica que une a dos instituciones clave de Cataluña para hacer frente a la emergencia habitacional desde un compromiso compartido de servicio público y responsabilidad social.